Un pueblo de 8.000 habitantes ha ganado una batalla, de las más decisivas, al gigante ecologista, un lobby integrado por millones de personas en España que, a lo largo de los últimos ocho años, los que llevan paralizadas las obras del hotel del Algarrobico, han ido sumando adeptos a su causa última: la demolición de la mole de una veintena de plantas y 411 habitaciones en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar. Gobierno y Junta, al igual que los grandes partidos, al menos fuera de la provincia, se posicionaron claramente en contra del hotel de Azata y los varapalos judiciales que se han ido sucediendo, sobre todo en los tres últimos años, les hicieron sellar un protocolo de actuaciones el 15 de noviembre de 2011 para la recuperación de la playa del Algarrobico. El cerco carbonero se fue estrechando, sólo los vecinos y empresarios de la comarca decidieron plantarle cara al empeño conservacionista y el giro radical que este año ha experimentado la odisea jurídica del hotel, el de las dos últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia, ha creado un nuevo escenario en el que la mercantil y el pueblo han visto colmadas sus aspiraciones si bien, como dejó claro el actual alcalde Salvador Hernández, en esta contienda no hay ni vencedores ni vencidos.

Nada más conocerse el fallo del alto tribunal andaluz sonaron los cohetes en el municipio, las redes sociales eran un festejo virtual de una voluntad popular y algunos incluso se veían trabajando para la empresa en el establecimiento más polémico del litoral. Azata, desde la "alegría moderada", ha hecho una llamada al consenso con las administraciones para abrir el hotel compatibilizando "los medios de vida con la protección del entorno". Y es que en Carboneras dicen, desde hace ya años, que la primera especie a proteger en el parque natural es la humana y argumentan que la previsión inicial de la mercantil pasaba por crear 600 puestos de trabajo, directos e indirectos, en temporada alta.  La promotora ya estudia jurídicamente si puede continuar con las obras, que se paralizaron en febrero de 2006 cuando la apertura del negocio estaba prevista para la Semana Santa, y deja la puerta abierta a introducir modificaciones en el proyecto turístico que durante dos décadas recibió la bendición de todas las administraciones. El director de Azata del Sol, José Rodríguez, asegura que si bien se  convirtieron el Algarrobico en un símbolo de la destrucción de la costa podría pasar a ser también lo contrario, un referente de la protección del medio ambiente.

Sin embargo, la odisea jurídica no ha terminado. La voladura que anunció el exministro Arias Cañete está más lejos que nunca, pero el hotel indestructible sigue teniendo en contra sentencias de peso, como las tres del Supremo y dos de la Audiencia Nacional en las que se determina que invade los cien metros establecidos por la Ley de Costas. La empresa, que llegó a plantearles a Gobierno y Junta una indemnización de 200 millones de euros para renunciar al emprendimiento, ha querido recordar que el fallo del tribunal andaluz expone que no se viola la Ley de Costas, si bien estarían dispuestos, en función de futuras resoluciones, a perder esa parte inferior de la infraestructura que ocupara la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre. Pero antes hay muchas otras incógnitas por despejar. La del retracto, por ejemplo, será determinante. La Consejería de Medio Ambiente lo ejerció en 2006, bajo el mandado todavía de Manuel Chaves, y la justicia le  concedió la titularidad del suelo sobre el que se asienta el hotel. Sin embargo, la administración andaluza no ha querido inscribir la finca en el registro haciendo efectiva una compra que se tasó en 2,3 millones. Las sentencias últimas del TSJA lo han vaciado de contenido y el recurso tendrá que resolverse en el Supremo.