Comienza el juicio contra el exalcalde Trabalón por las viviendas ilegales
La vista arranca hoy y acuden varios ex concejales del PSOE y el PP por autorizar de una promoción en suelo no urbanizable
El Juzgado de lo Penal número 4 de Almería acoge hoy el juicio contra el ex alcalde y actual concejal de Obras Públicas de Zurgena, Cándido Trabalón (PA), y varios ex concejales del PSOE y el PP por la autorización de una promoción de viviendas en suelo no urbanizable. La primera sesión debía haberse celebrado el pasado 9 de noviembre, pero fue aplazada después de que un letrado presentase un informe médico para certificar la grave enfermedad que padece uno de los imputados. La juez no consideró suficientemente acreditada dicha enfermedad, por lo que solicitó que un forense compruebe el estado de salud del acusado, que le impediría salir de su casa, según su defensa.
El Ministerio Fiscal ha pedido para el ex regidor y actual concejal de Obras Públicas, así como para varios ex ediles del PSOE y el PP, una pena de ocho meses de prisión y siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación, según consta en el escrito de calificación al que ha tenido acceso Efe.
Los acusados son Miguel Martín Ramos, Emilia Jesús Jiménez Pérez y Aniceto López Martínez (PA), Juan Morales Díaz y José Antonio Ramos Muñoz (PSOE) y José Juan Sánchez (PP), además del entonces concejal de Urbanismo Manuel Tijeras (PA), imputado en otras causas junto a Cándido Trabalón, incluida la Operación Costurero contra la corrupción urbanística.
El Ministerio Público les acusa de votar favorablemente, en el pleno local celebrado el 18 de febrero de 2006, la concesión de una licencia para la edificación de cinco viviendas unifamiliares en el paraje de "El Cucador", en suelo no urbanizable. Asimismo, el Fiscal considera culpable de un delito de prevaricación a Francisco Salvador Granados, el técnico municipal que emitió el informe favorable a dicha actuación "a sabiendas de su injusticia".
Además, ha acusado a José Torrecillas Cortés, promotor de las viviendas, y José María Urrera Mira, director técnico de las obras, de un delito continuado contra la ordenación del territorio, y pide para cada uno de ellos dos años de prisión e inhabilitación.
La Fiscalía advierte de que Torrecillas y Urrera actuaron "teniendo conocimiento de que el suelo no era urbanizable" y que la licencia fue concedida aún cuando todos los acusados "tenían conocimiento de que conforme a la legislación vigente las viviendas proyectadas estaban situadas en suelo no urbanizable". El Ministerio Público interesa el derribo de los cinco inmuebles unifamiliares ilegales, con coste a cargo de Torrecillas, y que se indemnice a las personas que adquirieron las viviendas.
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