El juicio contra Miguel Rifá, que se enfrenta a 29 años y 11 meses de prisión por un presunto caso de alzamiento de bienes que ha sido valorado en 98.657.039,66 euros, sigue su marcha y ha dejado atrás los retrasos provocados por las largas declaraciones del empresario y de su presunto cómplice, Israel M.M.

Tras dos tediosas jornadas en las que Rifá e Israel M.M. tuvieron que responder a numerosas preguntas de la fiscal Elena María Fernández y la Abogacía del Estado, este miércoles han declarado los últimos cuatro acusados, que a diferencia de los anteriores han sido sometidos a interrogatorios mucho más someros y sin entrar a fondo en las cuestiones planteadas.

Tras ellos han han testificado miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera y personal de informática de la Agencia Tributaria. Como dato curioso y debido al largo tiempo transcurrido desde que explotó el caso, entre ellos se ha encontrado el antiguo jefe del Servicio de Vigilancia Aduanera, que dirigió las investigaciones y lleva aproximadamente un año y medio jubilado.

Estos últimos han sido objeto de diferentes preguntas de los abogados de los acusados, que han ido en línea con sus aspiración de conseguir la nulidad de las escuchas telefónicas que han dado pie al resto de las actuaciones, ya que sin ellas toda la causa podría venirse abajo. Esta cuestión, como la anulación de los registros en sedes del grupo Rifá, se resolverá en la sentencia que dicten los magistrados Soledad Jiménez Soledad Jiménez de Cisneros, Luis Durbán y Alejandra Dodero.

Los funcionarios de la Agencia Tributaria se han remitido a las actuaciones e informes que ya presentaron en 2012 y han ratificado las conclusiones de la investigación que llevaron en su día, por lo que se mantiene por su parte la existencia del presunto alzamiento que negó vehementemente Miguel Rifá este lunes.

Este jueves está previsto que declaren el resto de agentes de Vigilancia Aduanera citados, así como los guardias civiles que llevaron a cabo los registros en las sedes de Rifá. Ya el viernes lo harán los testigos propuestos por las defensas, mientras que lunes, martes y miércoles están reservados para la práctica de distintas periciales y la declaración de los inspectores de Hacienda y de los peritos de las distintas partes.

La calificación de la fiscal señala que Miguel Rifá contó presuntamente con la colaboración y asesoramiento del acusado Israel M.M. para establecer un plan que le permitiese beneficiarse económicamente "en detrimento de la Hacienda Pública" mediante la elusión de sus obligaciones tributarias.

Para ello habría creado un "entramado de sociedades españolas, portuguesas, británicas y con domicilio fiscal en las Islas Vírgenes Birtánicas" con la colaboración de distintos testaferros para llevar a cabo un vaciamiento patrimonial de las sociedades Hotel Almería SL y Predios del Sureste SL, todo ello con diferentes "sociedades interpuestas y negocios jurídicos simulados".

Con la "misma finalidad", habría llevado a cabo fraudes en el IVA, el Impuesto de Sociedades y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados entre 2008 y 2012.

Según la fiscal, para esto último habría simulado operaciones para ocultar que era el propietario real de las sociedades implicadas, quien supuestamente planificaba, dirigía y decidía en todos los casos "con independencia de la titularidad jurídica formal.

Todo esto habría permitido dicho vaciamiento patrimonial para eludir el pago de deudas y además obtener devoluciones tributarias que han sido valoradas en los 10 millones de euros.

De acuerdo a la fiscal, el importe de las deudas de las sociedades al inicio de las operaciones en noviembre de 2008 era de 84.370.857,88 euros y de 131.425.369,23 euros al final de ésta, en marzo de 2011, y estima que el valor de los bienes alzados alcanza los 98.657.039,66 euros.

Incide en que los objetivos de dichas operaciones era dejar todas las deudas en las "sociedades ficticias" el grupo Rifá, o incluso incrementarlas, además de traspasar todos los bienes a otras sociedades del grupo que no tenían deudas a la vez que se generaban IVA simulados.

Entre los bienes analizados en esta causa se encuentran 13 hoteles transferidos a otras sociedades vinculadas a finales de 2008.

En paralelo a esto, añade la fiscal, se habrían presentado diversas solicitudes de aplazamiento a la Agencia Tributaria que fueron incumplidas "sistemáticamente" con maniobras "dilatorias y de distracción para retrasar la fase de embargo".