La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 21 meses de prisión y multa de un millón de euros a la cúpula directiva del Grupo Canalex por "dejar de ingresar sistemáticamente" entre los años 2013 y 2016 las cuotas de la Seguridad Social de sus trabajadores y ocultar la deuda generada con la creación de sociedades interpuestas. 

La sentencia, dictada con la conformidad de los acusados, considera a Juan Antonio C.M., a su hijo Juan Diego C.R., a su yerno y cuñado respectivamente, José Antonio G.B. y a un proveedor, Rafael P.A., como autores de delito continuado contra la Seguridad Social aunque con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. 

El fallo les prohíbe, asimismo, el acceso a subvenciones o ayudas públicas o del derecho de gozar de beneficios e incentivos fiscales o de Seguridad Social por periodo de cuatro años e impone a las empresas Canalex S.A.T., Plagocan S.L. y Hortofruisan el pago, de forma conjunta y solidaria, de 931.991,63 euros, total de la cuantía defraudada. 

Según relata el tribunal, las empresas Canalex S.A.T. y Plagocan S.L., que formaban una "unidad o grupo empresarial pese a su diversidad formal", mantenían "cuantiosas deudas" con la Seguridad Social por impago de las cuotas correspondientes a los trabajadores que había prestado servicio en las referidas mercantiles. 

Los acusados actuando de común acuerdo, fueron constituyendo sucesivamente en el tiempo dichas empresas y desarrollando su actividad de igual manera, "generando deudas por cuotas con la Seguridad Social". Con este 'modus operandi', la sentencia recoge que, en el año 2011, tras generar Canalex deuda con la Seguridad Social, se constituyó Plagocan S.L., desarrollando la misma actividad, en el mismo domicilio con traspaso de trabajadores. 

Añade que, en 2015, tras contraer esta última empresa nuevamente deuda con la Seguridad Social, se constituyo Hortofruisan, "que desarrollaba la misma actividad, en el mismo lugar, con las mismas herramientas de trabajo y de producción pero sin deuda a la Seguridad Social". 

Los acusados, siendo administradores de las empresas mencionadas y constituyendo una unidad real en el mismo sector de actividad, con ánimo de defraudar "dejaron de ingresar sistemáticamente las cuotas de Seguridad Social, manteniendo una conducta tendente al impago y ocultación de la cuantía real de las mismas mediante la creación meramente formal de sociedades". 

El tribunal remarca que los socios de las tres empresas "están vinculados familiarmente", que se produjo una "prestación laboral sucesiva de trabajadores, constando que 19 pasaron de alta de una a otra empresa", que las tres se dedicaban al cultivo, producción y posterior comercialización de productos agrarios, y que el domicilio social de dos de ellas coincidía.