El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una pena de tres años y medio de prisión para dos hombres que fueron sorprendidos con más de 500 plantas de marihuana en una vivienda de Vícar en la que además habían instalado un sistema para impulsar la producción y crecimiento de las plantas a través de energía captada de forma irregular de la red eléctrica.

El fallo impone por el delito contra la salud pública, además, una multa de 150.000 euros, con 30 días de responsabilidad subsidiaria en caso de impago, y seis meses de multa a razón de seis euros diarios por un delito de defraudación de fluido eléctrico, por el que deberán abonar más de 11.700 euros a la empresa suministradora. El tribunal abre además la posibilidad de expulsar del territorio nacional a los condenados durante la ejecución de la sentencia.

Según la resolución judicial, ambos acusados asistieron a un registro voluntario en su vivienda el 21 de mayo de 2021, donde fueron intervenidas 503 plantas de marihuana secándose así como nueve aparatos de aire acondicionado, cinco lámparas de sodio de 600 watios, cinco balastros, siete filtros, tres extractores, 18 ventiladores y 35 auto-balastro de 1000 watios.

En total, la actuación permitió intervenir 60 kilos de cannabis, sin que se haya podido cuantificar la riqueza, que iba a ser destinada a la venta a terceros por un valor estimado en el mercado ilícito de 106.800 euros.

El alto tribunal andaluz rechaza que los acusados se opusieran al registro voluntario de su vivienda en base al acta de entrada y registro incorporada a la causa, en cuyo encabezamiento consta que cada uno de los detenidos prestó su libre consentimiento para que el registro tuviera lugar en presencia de un letrado de la Administración de Justicia.

Del mismo modo, considera que ambos acusados tenían un conocimiento suficiente del idioma para entender a qué daban consentimiento en base a las declaraciones de los agentes y el tiempo que llevan residiendo en España, toda vez que cree una "conjetura" de la defensa que pudieran verse "cohibidos por intimidación ambiental" a conceder el permiso.