Una juez de Almería ha condenado a dos hombres y una mujer por simular que esta última era la pareja de hecho de uno de ellos para permitir que permaneciese en el país burlando la legislación en materia de extranjería, empadronándolo además en una vivienda sin permiso de su dueño para ello.

La sentencia, dictada por conformidad y consultada por EFE, señala que los dos primeros acusados se pusieron de acuerdo en octubre de 2017 para facilitar que el tercero, un marroquí sin residencia en España, se inscribiese como pareja de hecho de una ciudadana española.

El fallo resalta que el objetivo de esto era que el extranjero pudiese obtener la tarjeta de residencia como familiar de un ciudadano comunitario y así poder permanecer en el país "de forma legal y obviando los requisitos" de la legislación de extranjería.

Todo ello a cambio de "una cantidad de dinero determinada que debía pagarles" dicho marroquí.

De esta forma, la acusada fue la responsable de figurar "ficticiamente" como pareja del hombre.

El otro acusado, que residía en régimen de alquiler en un piso de Almería, redactó y firmó "sin consentimiento ni conocimiento" del propietario, imitando la firma de éste, un documento en el que simulaba que el dueño del inmueble había autorizado a empadronarse en dicha vivienda a la falsa pareja.

Un "empadronamiento ficticio, puesto que ninguno de los referidos acusados vivían ni tenían relación alguna con dicho domicilio".

Con esta falsa autorización lograron que el Ayuntamiento de Almería los empadronarse y una vez con todo lo necesario para poder inscribirse en el Registro de Parejas de Hecho, comparecieron ese mismo mes en dependencias municipales para solicitarlo.

Sin embargo, no llegaron a conseguir su objetivo porque en la Junta de Andalucía encontraron posteriormente "indicios de la falta de veracidad de los datos aportados por la supuesta pareja".

Por ello, los tres acusados han sido condenado a penas individuales de seis meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial, por el que también se les impone una multa de seis meses, a razón de cuatro euros al día.

Además, los dos acusados que buscaron legalizar irregularmente la situación del tercero han sido condenados por un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal a sendas multas de tres meses, con cuota diaria de cuatro euros.

No obstante, se ha acordado la suspensión de las penas de cárcel durante dos años, a condición de que no delincan de nuevo en este periodo.