COMO en cualquier otra profesión, dentro de un colectivo, en este caso salvaguarda y garante de la seguridad de los ciudadanos, como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de vez en cuando surgen "ovejas negras" que manchan ante el ciudadano la imagen de sus miembros y son precisamente sus integrantes y mandos quienes persiguen y actúan con más dureza sobre aquellos que traspasan la delgada línea entre el bien y el mal.

Aquí en la provincia de Almería, como en cualquier otra de España, se han registrado algunos casos, quizás demasiados de los que quisieran los responsables de la Guardia Civil o de la Policía Nacional.

Las posibilidades de que las mafias traten de contaminar a funcionarios policiales son cada vez más evidentes y sobre ese punto hay documentos de Europol que alertan sobre ese peligro. El número de policías destinados a las unidades de Asuntos Internos de la Policía asciende a poco mas de un par de centenares de funcionarios y en cuanto a la Guardia Civil, su servicio de asuntos internos está peor dotado.

Las unidades de Asuntos Internos son una realidad relativamente reciente en los cuerpos policiales españoles. La unidad de la Guardia Civil se creó en 1991 y la de la Policía unos años antes. Ambas nacieron como consecuencia de graves problemas de corrupción en ambos cuerpos convertidos simplemente en delincuentes con placa.

GUARDIAS CIVILES CON DROGA

Tres agentes de la Guardia Civil de El Ejido dos de ellos en prácticas, fueron detenidos el 8 de octubre de 2007 como presuntos autores de delitos contra la salud pública. Las detenciones tuvieron lugar después de que agentes de Asuntos Internos desplazados desde Madrid localizaran en las viviendas de los funcionarios en El Ejido diversas dosis hachís y marihuana dispuestos para su venta a pequeña escala. Curiosamente el Juzgado de Instrucción número 5 de El Ejido decretó el secreto de todas las actuaciones relacionadas con este caso.

El 3 de septiembre otros dos agentes de los puestos de Huércal de Almería y de Roquetas de Mar fueron detenidos y, posteriormente, ingresaron en prisión por facilitar a las redes dedicadas al tráfico de sustancias estupefacientes información privilegiada para burlar los controles de la Guardia Civil activados en la costa almeriense.

POLICIAS PROCESADOS

Marzo de 1988. Procesados once policías nacionales, entre ellos dos sargentos del Cuerpo acusados de un presunto delito de falsificación de documentos. Dos de ellos fueron absueltos y lo restantes condenados a ocho meses de prisión menor. Los agentes falsearon los hechos en relación a la fuga durante el pasado mes de enero de dos detenidos en los calabozos de la Comisaría aprovechando un descuido de los agentes de Seguridad. El entonces Comisario Jefe, Enrique Mora denuncio lo ocurrido el 14 de enero ante las autoridades judiciales.

POLICIA CORRUPTO

En Almería el 10 de febrero de 1999 quedó visto para sentencia el juicio contra un agente de la policía nacional al que se le acusó de falsificar un pagaré para cobrar 1.800.000 pesetas y de hacer desaparecer posteriormente la denuncia que presentó el titular. El fiscal lo acusó de cinco delitos: apropiación indebida, falsedad, estafa, sustracción de documentos y simulación de delitos. Los hechos ocurrieron en abril del año 97 cuando el agente encontró en la ITV de Huércal de Almería la documentación perdida por un ciudadano entre la que se encontraba un pagaré de 1.800.000 pesetas. El policía falsificó un DNI con su propia fotografía para poder cobrar el pagaré. El agente fue el encargado de recibir la denuncia que presentó el dueño del pagaré, pero la hizo desaparecer. La petición del fiscal suma un total de 3 años y 3 meses de prisión por los 5 delitos cometidos, 3 años de inhabilitación y 2 multas por valor de 270.000 cada una. La defensa pidió su absolución al entender que hubo arrepentimiento y devolvió el dinero apropiado.

GUARDIA CIVIL NARCOTRAFICANTE

Un agente de la Guardia Civil adscrito al puesto de Adra ingresó el 29 de septiembre de 2000 en la prisión de Acebuche bajo la acusación de haber suministrado información a una red de tráfico de drogas sobre los servicios de vigilancia que el instituto armado montaba en la zona. Los datos facilitados por este guardia permitieron desembarcos de hachís. El detenido pertenecía presuntamente a una red dedicada al narcotráfico que operaba desde Adra para toda la zona del poniente de la provincia y Centroeuropa. La Guardia Civil comenzó la investigación hace 10 meses y, ante la sospecha de que se pudiera producir un desembarco de droga durante la noche del 30 de agosto, estableció un dispositivo especial de vigilancia, que culminó con la incautación de 1.800 kilogramos de hachís.. Los detenidos formaban una importante organización que recibía y trasladaba la droga, vigilaba la zona del alijo, "contrataba" personal para la recepción de la mercancía, los dotaba de medios de enlace y almacenaba y distribuía la mercancía.

POLICIAS ESTAFADORES

El 3 de abril de 2009 un inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía fue detenido por agentes de Asuntos Internos por su presunta implicación en una trama de estafa a inmigrantes que supuestamente operaba desde la Oficina de Extranjería de la capital Y El Ejido. En total cuatro agentes fueron arrestados acusados de un delito de cohecho posteriormente quedarían en libertad. La denuncia de la que se derivó la actuación del servicio de investigación interna del Cuerpo Nacional de Policía partió de un empleado de la Oficina de Extranjería de Almería, quien comunicó las presuntas irregularidades al que atribuyen una relación muy tensa con el policía que ostenta la jefatura en esta oficina.

CONDENADOS POR COHECHO

El 13 de octubre de 2010 la Audiencia Provincial de Almería condenó a un total de cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público a los dos agentes de la Guardia Civil destinados en el puerto de de Carboneras a los que un jurado popular declaró culpables de cohecho por recibir dos cajas de gambas valoradas en 300 euros a cambio de no informar a la autoridad aduanera del arribo de un barco pesquero de bandera argelina con carga de marisco. El fallo dictado por la Sección Segunda impuso a los agentes a penas de dos años de inhabilitación y multa de 400 euros mientras que al tercer procesado, el armador fue condenado a un año y seis meses de inhabilitación y al pago de una multa de 300 euros. Las defensas de los dos guardias civiles elevaron recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.