Operación Tuareg

Desmantelan una organización dedicada a la regularización fraudulenta de marroquíes

  • Presentaban en las oficinas de extranjería documentación de filiación como descendientes de saharauis españoles falsificada por un funcionario del Registro Civil de la ciudad marroquí de Assa

Desmantelan una organización dedicada a la regularización fraudulenta de ciudadanos marroquíes

Desmantelan una organización dedicada a la regularización fraudulenta de ciudadanos marroquíes

La Policía Nacional ha desmantelado con seis detenciones una organización acusada de regularizar de forma fraudulenta la situación de ciudadanos marroquíes en España a cambio de pagos de unos 3.000 euros. Según informa la Dirección General de la Policía, el entramado presentaba en las oficinas de extranjería documentación falsificada en la que se presentaba a los migrantes como descendientes de saharauis españoles.

La operación, denominada Tuareg, se ha saldado con la detención de seis personas, cuatro en Navarra, una en Almería y otra en Tarragona. Dos de ellas están acusadas de los delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular y falsedad documental. Los otros cuatro, por este último delito. Según constataron los investigadores, la documentación que presentaban los clientes de los implicados para regularizar su situación en España había sido falsificada por un funcionario del Registro Civil de la ciudad marroquí de Assa.

Los clientes pagaban en torno a 3.000 euros al grupo criminal para conseguir la residencia en España

Todas las solicitudes de residencia por arraigo familiar mostraban similitudes, aunque las presentaban en distintas provincias. Los investigadores contactaron con sus homólogos marroquíes y confirmaron que los registros oficiales no se correspondían con los presentados por los clientes. La policía marroquí detuvo al funcionario presuntamente implicado en la trama.

Los agentes contabilizaron al menos 50 ciudadanos marroquíes que habían contactado con la organización para obtener la documentación falsificada, por la que pagaron unos 3.000 euros. Se estima que el entramado ingresó unos beneficios de unos 150.000 euros.

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