Destruyen documentos antiguos y sin valor de los juzgados para aligerar los archivos

La Consejería de Justicia e Interior ha iniciado en Almería la destrucción de expedientes judiciales antiguos y sin valor con el objetivo de liberar espacio en los archivos de los tribunales andaluces, según el acuerdo adoptado por la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para la eliminación y conservación selectivas de aquella documentación de los órganos judiciales de la comunidad.

La primera eliminación masiva de documentos judiciales ha comenzado en la Ciudad de la Justicia de Almería y afecta en una primera fase a 350.000 procedimientos de seis provincias correspondientes a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los 70, 80 y 90.

A esta primera destrucción documental, seguirá una segunda fase que desechará otros 300.000 expedientes, por lo que se elevará a 650.000 los expedientes judiciales destruidos en toda Andalucía en este proyecto destinado a rebajar la saturación de los archivos de los tribunales.

En la provincia de Almería se ha iniciado la eliminación selectiva de 11.500 expedientes judiciales almacenados en 316 cajas. La documentación que será destruida procede del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Huércal-Overa. Además, se han enviado 34 cajas y 1.255 expedientes al Archivo Histórico Provincial de Almería para guardarlos como documentación permanente de acuerdo con la tabla de valoración aprobada por el interés que contienen estos procedimientos para su conservación.

El volumen de la documentación judicial en Andalucía, tanto de archivos de gestión como susceptibles de ser destruidos, es de tal magnitud que alcanzaría una distancia de 300 kilómetros si se alinearan todas las cajas que contienen los citados documentos. Esta acción pionera de eliminación de documentos se realizará, además de realizarse en los juzgados Huércal-Overa.

La eliminación de estos expedientes está gestionada por la Junta de Expurgo, un órgano puesto en marcha por el Gobierno andaluz y el TSJA para ordenar y analizar la documentación susceptible de ser destruida o conservada. Uno de los criterios principales en esta selección estriba en determinar el interés judicial e histórico de los documentos. De esta forma, se garantiza la conservación de la documentación con valores históricos.