Una representación de la Asociación ‘No al Dreambeach en El Toyo’ ha mantenido un encuentro con la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, que, en palabras de su presidenta, Rocío Quero, “ha sido decepcionante porque no ha respondido a las dos cuestiones que más preocupación nos genera la celebración del festival: cómo tienen pensado abordar el problema del ruido que se va a generar y cómo van a garantizar la protección medioambiental de los terrenos colindantes que forman parte de la Red Natura 2000”.

No se ha abordado, por lo tanto, la gestión de los derechos básicos que serán conculcados a los vecinos como consecuencia del desarrollo del macrofestival y tampoco ha ofrecido respuestas respecto a los servicios públicos que se verán afectados, ni sobre la protección del medio ambiente durante el evento.

Al encuentro también asistieron por parte de la Junta de Andalucía el anterior y el actual delegado de Cultura, José Ángel Vélez y Juan José Alonso, respectivamente.

Rocío Quero ha considerado que “es sorprendente que desde la Junta se dé por hecho que el macrofestival se va celebrar cuando incluso desconocían información esencial sobre la protección medioambiental de los terrenos y su entorno, información que les hemos tenido que proporcionar desde la Asociación”.

"¿Cómo da la Junta de Andalucía por hecho que se va a autorizar el festival cuando a estas alturas aún desconocen mucha información, especialmente, de carácter medioambiental?" Es una de las preguntas que se realizan desde el colectivo vecinal, desde donde se apunta que el propio consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, dijo en el Parlamento andaluz que “actualmente se está tramitando la autorización ambiental que tendrá un condicionado, que hacen los técnicos, que habrá que cumplir a raja tabla”.

"¿Primero se decide autorizar el evento y, a continuación, los técnicos redactarán el condicionado?" Es otra interrogación que formulan desde la Asociación, para cuya presidenta “no parece que se esté llevando a cabo una rigurosa y estricta observancia de las normas”.

De otro lado, también ha expresado su "sorpresa" porque “desde el Ayuntamiento no se nos ha informado a los vecinos de cuestiones cuyo contenido sí ha proporcionado la delegada de la Junta como, por ejemplo, que existe un proyecto presentado por los promotores y un contrato que está ya firmado por dos años”.

“¿Por qué el Ayuntamiento aún no nos ha proporcionado esa información cuando a los vecinos de El Toyo-Retamar nos afecta directamente esa decisión?”, se ha preguntado nuevamente la representante de la asociación vecinal.

Por otro lado, la Asociación también ha dirigido una carta al consejero de Sostenibilidad ya que, tras sus palabras durante el último Pleno del Parlamento andaluz, el colectivo vecinal sigue aún más sumido si cabe en dudas y confusión.

En su escrito le trasladan si se ratifica en que es el Ayuntamiento el que “tiene intención” de celebrar del festival, tal y como declaró en sede parlamentaria; si ha sido el Ayuntamiento quien ha iniciado el trámite para obtener la autorización ambiental ante la Consejería de Sostenibilidad o si ha decidido aprobar ambientalmente la celebración del evento, pese a que los técnicos están elaborando los condicionantes.

La Asociación dispone de un documento que le ha sido remitido desde la propia Consejería de Sostenibilidad en el que le informa de que “las parcelas están limítrofes a área estratégica de avutarda (Otis tarda) y ganga ortega (Pterocles orientalis), según la cartografía integrada y zonificación de la distribución de las aves esteparias amenazadas de Andalucía. Versión 2021”.

En el caso de llevarse a cabo un proyecto como el Dreambeach, continúa el documento, “deberá complementar la información facilitada con trabajos de campo en el ámbito de su proyecto, ya que podrían verse afectadas otras especies no incluidas en la información suministrada”.

Para la Asociación, “nos encontramos ante una problemática que pone en serias dudas la viabilidad del evento tal y como ha sido anunciado, de acuerdo con los propios criterios de la Consejería”, lo que ha sido trasladado en la misiva remitida al propio consejero.