Ecologistas sospechan del TSJA y piden nulidad de la vista sobre el Algarrobico

"¿Ha salido ya la sentencia?". El presidente de Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense, Jaime del Val, responde así a la llamada de este periódico hace unos días. Está fuera de España, pero no se separa ni un instante del teléfono. Fueron los artífices en 2006 de la paralización cautelar de las obras del hotel del Algarrobico y ahora, conscientes de la importancia que tendrá el inminente fallo sobre la licencia municipal, tienen todas las miradas puestas en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Desde que se celebrara la vista oral el 14 de enero, el colectivo ecologista ha esperado una sentencia firme y no recurrible que se eterniza en el tiempo, pero ayer sorprendió a las partes implicadas en la causa al pedir la nulidad de esa vista, lo que retrasará más esta causa. El presidente de Salvemos Mojácar ya tenías serias dudas aquel día sobre la no reincorporación de la jueza María del Mar Jiménez a la ponencia del proceso judicial y esta semana han conocido que se había recuperado de su baja por enfermedad incluso antes de que se celebrara la audiencia pública.

El colectivo conservacionista no entiende el motivo por el que ha sido el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Rafael Toledano Cantero, el que ha asumido la ponencia que le correspondía a la magistrada y, por este motivo, ha solicitado la nulidad de la vista oral en la que se sometió a juicio la licencia de obras concedida a Azata del Sol por parte del Ayuntamiento de Carboneras. A juicio de Salvemos Mojácar, la designación de otro juez distinto como ponente de la sentencia incumple las normas de reparto por las que se rige el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El tribunal con sede en Granada acordó el pasado 6 de noviembre designar a Rafael Toledano como ponente y acordó celebrar el juicio sin que ninguna de las partes lo solicitara.

La asociación presentó ayer un escrito al alto tribunal andaluz en el que piden, además, que no se publique la sentencia, que se había previsto para el pasado 25 de febrero y se volvió a retrasar, hasta que no se resuelva el incidente planteado con este procedimiento en el que se enjuicia el recurso que en 2008 presentaron promotora y consistorio carbonero en contra del fallo del juez Jesús Rivera en el que se ordenaba la revisión de oficio de la licencia municipal por vulnerar la Ley de Costas y la normativa ambiental. El colectivo, a través de su abogado José Ignacio Domínguez, solicitó al alto tribunal que el fallo no deje lugar a dudas y ahora pone la sospecha sobre los que dictarán la sentencia.