Desde que se decretase el estado de alarma hasta este pasado fin de semana no han visto su situación resuelta. El 40% de la flota pesquera de Almería decidió cesar su actividad por no poder cumplir con las medidas sanitarias de protección frente al COVID-19, pero al ser un sector esencial estos barcos entraban en conflicto para acogerse a un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE), si bien en otras comunidades autónomas sí se estaban llevando a cabo.

La actividad pesquera es sector primario por lo que no tiene obligación de parar, si bien había embarcaciones de bajura que no podían cumplir con los requisitos en materia de seguridad sanitaria de la tripulación habiendo riesgo de contagio en la plantilla y se vieron abocadas a ello, es decir, por causa de fuerza mayor. Esto que parece entendible a priori, más con los reales decretos publicados y la Ley de prevención de riesgos laborales, ha costado que se ratifique administrativamente, pero finalmente se ha hecho, gracias al empeño y trabajo de los técnicos de la Delegación Territorial de Empleo en Almería, encabezada por Emilio Ortiz, que incluso en los días festivos por la Semana Santa no han cesado su labor para que los profesionales inmersos en el expediente de regulación puedan recibir sus prestaciones lo antes posible, tal y como agradece el sector pesquero.

El 40% de la flota de la capital cesa su actividad por no poder cumplir con las medidas sanitarias

Ahora, esta flota puede paralizar su actividad por causas de fuerza mayor lo que conlleva la exoneración de las cuotas de la Seguridad Social y el mantenimiento a los trabajadores de todos los beneficios como cualquier otra empresa reconocida en esos reales decretos.