Enciso, la “pieza decorativa” que niega enchufes, facturas infladas y sobrefacturaciones

Caso Poniente

El exregidor ejidense mantiene que la oferta de Abengoa era la mejor y la más rentable para el municipio

Dice que la culpa de las dificultades económicas sufridas en aquellos años son culpa de la Junta por el retraso del PGOU del municipio

Juan Enciso, exalcalde de El Ejido, durante un receso de la vista oral del caso 'Poniente'.
Juan Enciso, exalcalde de El Ejido, durante un receso de la vista oral del caso 'Poniente'. / Javier Alonso
M.M.-Agencias

Almería, 02 de marzo 2021 - 20:13

El otrora alcalde de El Ejido, Juan Enciso, fue detenido en el marco de la operación ‘Poniente’ el 20 de octubre de 2009. Ahora, tras 11 años, cuatro meses y 10 días, o lo que es lo mismo, 4.151 días después de su arresto, ha podido declarar ante los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería. Eso sí, muchas de las dudas que pudieran existir seguirán sin resolverse gracias a su relato de lo ocurrido, ya que este martes únicamente respondía a su letrado, Francisco Torres, pero no al resto de abogados, a la Fiscalía de Almería o a la Abogacía del Estado.

De esta forma, ha negado sobrefacturaciones, prebendas, o cualquier tipo de irregularidad en lo que a la empresa mixta ElSur se refiere. Ha dicho que fue prácticamente una “pieza decorativa” y ha recalcado: “Una cosa me enseñaron siempre, que es que lo que no sea tuyo, no lo cojas”. El interrogatorio a cargo del letrado Torres ha comenzado con una valoración del aumento poblacional de El Ejido entre julio de 1991 y mayo de 2010, tiempo en el que estuvo Enciso al frente el Consistorio ejidense, pasando de los 38.000 habitantes a unos 93.000 censados, creciendo “en todos los aspectos”.

El gerente dice que las subcontratas le llegaban dadas

El gerente de ElSur entre 1999 y 2009, Manuel Caballos, ha asegurado que las subcontratas que, según la Fiscalía Anticorrupción, sirvieron para detraer de las arcas municipales 71,5 millones de euros le “llegaban prácticamente decididos y negociados” y ha afirmado que no se informaba de estas al Consejo de Administración “nominalmente, ni se comentaban al detalle”. “Todo el mundo las conocía, pero nunca dije ‘esto lo hace fulanito’ o ‘esto lo hace menganito’, ni siquiera yo estaba informado de los nombres, lo que importaba es que se hicieran las cosas y se hicieran bien”, ha dicho ante el tribunal de la Sección Tercera. Caballos, a quien los consejeros de Elsur vinculados al socio privado de Elsur o Grupo Abengoa acusados han señalado como la persona que “tenía plenos poderes” para subcontratar, en muchos casos según las acusaciones actuaciones que eran propias del objeto social de la empresa mixta, ha explicado que el procedimiento para decidir las subcontratas era “complejo”.

Parece una cuestión baladí, pero de esta forma se afianzaba una de las líneas de la defensa de Enciso, el cómo los servicios que debía prestar ElSur aumentaron de forma considerable a lo largo de los años, desde su creación en 1995. El exalcalde ha recordado, precisamente, cómo la creación de la empresa mixta fue incluida en su programa electoral, constándole esto movilizaciones sindicales y críticas por parte de la oposición, si bien ese año resultó elegido "por mayoría".

Manuel Caballos, exgerente de ElSur, durante su declaración este martes.
Manuel Caballos, exgerente de ElSur, durante su declaración este martes. / Javier Alonso

Sobre ElSur, ha apuntado que se creó la empresa por una serie de problemas existente por la “dejadez que había habido” por parte de los gobiernos locales anteriores, tras un estudio del crecimiento de El Ejido, trabajando con “asesorías importantes, nacionales, que comunicaban que lo más rentable” era poner en marcha una sociedad de este tipo porque para el Ayuntamiento “por sí solo, era imposible llevarlo por muchos conceptos”. Ha recordado que se presentaron siete empresas a concurso para elegir a la “mejor y más conveniente para el municipio”, tras lo que se vio que “Abengoa era la más rentable, con el condicionante de que adelantaban mil millones de pesetas para obras de infraestructuras necesarias para El Ejido”. Ha explicado que las asesoras con las que trabajaron en ese momento recomendaron que Abengoa tuviese el 70 % del capital privado de ElSur y el Ayuntamiento el 30 %, insistiendo en que los estatutos eran los que marcaban que el alcalde de El Ejido debía ser el presidente del consejo de administración, apuntando que él era una “pieza decorativa”.

Abengoa, en el punto de mira de la Fiscalía

La Fiscalía sostiene que la empresa Abengoa habría obtenido 232,6 millones de euros por servicios de mantenimiento dentro del canon anual de ElSur y por servicios y obras fuera del mismo. Enciso militaba en el PP cuando como alcalde aprobó en pleno la creación de ElSur, si bien posteriormente abandonó esta formación y creo el PAL, con el que gobernaba cuando fue detenido en octubre de 2009. La Fiscalía incide en que “a través de una red de empresas que se han ido sucediendo unas a otras, Abengoa ha venido siendo la propietaria del 70 % de las participaciones de ElSur” y dice que “estas sucesivas transformaciones perseguían un único fin, tratar de camuflar que la auténtica propietaria de ElSur es Abengoa”. Sobre el presunto aprovechamiento de Abengoa, asegura que como socio privado mayoritario de ElSur, “procedió, a través de sus directivos acusados en esta causa, a beneficiarse ilícitamente de esos ingresos a sabiendas de la naturaleza pública del dinero”. Sostiene además que Abengoa, a través de sus mercantiles Befesa y Aygesa, se ha “apoderado” de más de 31 millones de euros con la sobrefacturación con servicios que en realidad no se prestaron. El resto de la calificación se centra en los empresarios José Amate y Juan Antonio Galán, quienes habrían sobrefacturado, respectivamente, 24 y 15 millones de euros, y el exinterventor José Alemán.

“Era una persona que sabe cuáles son sus funciones; dar la bienvenida y pasar la palabra al gerente para la dación de cuentas, y luego, a final de año, aprobar las cuentas anuales que venían ratificadas por una auditoría”, ha señalado, si bien ha precisado a continuación que la asunción de la Presidencia del consejo “se acordó” en los “primeros momentos” de la constitución en 1991 de la sociedad por la condición de alcalde “y así consta en los estatutos”. Por ello, ha aseverado que sus funciones en este cargo eran escasas y, sobre las subcontratas, ha insistido en que en 1996, un año después de la creación de ElSur se modificaron los estatutos para poder llevarlas a cabo, aunque “en ninguna parte ponía que no se podía”. Sobre el papel del Ayuntamiento en relación a ElSur, ha manifestado que se fijaron los precios correspondientes a los servicios a prestar, que “quedaron para siempre” y sólo podían varias en función de nuevos inventarios, un crecimiento que “fue muy positivo” y el IPC correspondiente.

El tribunal está presidido por la magistrada Társila Martínez de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.
El tribunal está presidido por la magistrada Társila Martínez de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. / Javier Alonso

Sobre la supuesta sobrefacturación, ha asegurado que es una palabra que “se ha utilizado con mucha intencionalidad”, porque el área de Obras Públicas vigilaba para que se hiciera “todo correcto” y no permitía que ElSur fallara ni en “una mata pequeñita en un parque”, por lo que ElSur no podía pagar más de lo que correspondía a sus subcontratas. “No cabe en cabeza humana que hubiera un precio pactado entre dos partes y que Elsur pagara más de lo que recibía cuando el ayuntamiento tenía un área de Obras Públicas con personas que eran soldados, que no permitían a Elsur que faltara ni una mata pequeña en un parque y había un control tan exhaustivo”, ha trasladado para remachar: “Nadie da un duro a cuatro pesetas”.

Ha apuntado que hubo problemas económicos para abonar el canon a ElSur por un problema “debido a la Junta” por el retraso del PGOU, que no permitió ingresar “todas las plusvalías que se pensaron”, por lo que en el 2009 se recomendó remitir a ElSur una bajada del 30 % del canon.

Respecto a relación con subcontratistas, ha declarado que tenía una amistad que “venía de mucho antes” con el empresario Juan Antonio Galán, pero que se enteró meses después de que sus empresas comenzasen a trabajar con ElSur. Sobre favorecimientos a su cuñado, ha realizado un relato similar, sosteniendo que se “enteró” de que Elsur “le había contratado porque les hacían falta unas maquinillas para hacer muchas acometidas” por su propio cuñado, de quien, entre lloros, ha resaltado “su experiencia y su valía como trabajador” en el sector de la obra pública.

Francisco Torres, abogado de Juan Enciso, y único al que ha respondido el exregidor ejidense.
Francisco Torres, abogado de Juan Enciso, y único al que ha respondido el exregidor ejidense. / Javier Alonso

“Todas estas cosas con empresas que si son de familiares o no... ¿Qué inconveniente hay de que una empresa sea de un familiar o no, pueda trabajar como cualquier español”, ha dicho.

Al ser interpelado por peticiones de dinero a Galán, grabadas durante la investigación, ha aseverado que le pedía “como amigo” un préstamo porque le faltaba “liquidez para pagar” la actividad de su invernadero.

En cualquier caso, ha insistido en que no ha “colocado jamás” a ningún familiar en el Ayuntamiento o instado a los responsables de ElSur a contratar a empresa concretas. Así, ha mantenido que tanto él como su equipo de gobierno tenían claro el “no hacer nada que no se pudiera hacer”.

El otro momento en el que ha dejado vislumbrar su malestar ha sido al referirse a la empresa Villa de Alcolea y a la venta de su participación en ella por 178.000 euros al empresario José Amate, acusado y situado por la Fiscalía como “cabecilla” de la presunta trama de subcontratas a través de lo que denomina Grupo Amate.

“Cuando me nombran este tema, me sienta mal”, ha afirmado para cuestionar el informe elaborado por la AEAT y calificar de “vergüenza” que diga “que yo sólo invertí en esa empresa 30.000 euros y que se la vendí a Amate por 178.000 euros” o “que tenga que leer que obtuve un beneficio de esto cuantioso”.

Continuando con la supuestas “prebendas” económicas recibidas “a cambio de hacer caso omiso de sus obligaciones de fiscalización y control para con los fondos públicos del municipio”, Enciso ha negado que su sobrino “usase un vehículo BMW” propiedad de una de las empresas de denominado Grupo Galán, o que Elsur se encargase “de la limpieza del jardín de su hija”.

José Alemán, exinterventor municipal del Ayuntamiento de El Ejido, declara este miércoles.
José Alemán, exinterventor municipal del Ayuntamiento de El Ejido, declara este miércoles. / Javier Alonso

Se enfrenta a 40 años de prisión y al pago de una multa de 23 millones de euros

M.M. Almería

La Fiscalía de Almería modificó el año pasado su petición de penas para 27 de los investigados en el caso ‘Poniente’, entre ellos los principales acusados, al entender prescritos los delitos fiscales relativos a los periodos impositivos de 2002 a 2005. Así, por ejemplo, el fiscal Jesús Gázquez redujo su petición inicial de 64 años de prisión y el pago de multas por valor de 49,8 millones de euros para el exalcalde de El Ejido (Almería) Juan Enciso, y el exinterventor municipal, José Alemán. Ahora reclama para ellos 40 años de cárcel y multas de 23,2 millones de euros por 11 delitos -en lugar de 19-, entre ellos uno de malversación de caudales públicos, 8 contra la Hacienda Pública, uno de cohecho pasivo y otro de prevaricación continuada. No obstante, el Ministerio Público considera no prescritos los ilícitos penales de este tipo respecto de los periodos impositivos 2006 a 2009, ambos inclusive. Una de las reducciones más significativas fue la de Isabel Carrasco, esposa de Alemán, que pasó de una petición de 85 a 9 años de prisión, al eliminar un total de 19 delitos contra la Hacienda Pública, por los que solicitaba 76 años de presidio. Los empresarios José Amate, Juan Antonio Galán, Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón ven, respectivamente, cómo el fiscal ha rebajado su petición de 97 a 37, de 174 a 94, de 73 a 25 y de 85 a 21 años de cárcel. Asimismo, el fiscal ha señalado que han prescrito por completo los delitos que se le imputaban al acusado José María C.C.

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