En febrero de 2018, el Gobierno de España debería haber incorporadoal derecho español la directiva europea que obliga a presentar a los pañises planes para reducir los efectos del gas radón. Pero, de momento, el proyecto, que sí que ha mantenido un desarrollo, incluso realizando mediciones por todo el país, no se ha hecho efectivo mediante los dirigentes.

El elemento que está considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco, informa en un comunicado el Colegio Oficial de Geólogos, que considera necesario el desarrollo de "una normativa clara que sirva para informar y concienciar a la población sobre los riesgos del radón".

A la vez, insta a los responsables a tomar medidas para obligar a su erradicación y añade que la normativa que establece la Directiva debería incluirse en el Código Técnico de la Edificación para prevenir la exposición al radón.

En cantidades altas (por encima de 300 becquerelios por metro cúbico) y si se inhala durante suficiente tiempo, puede ser cancerígeno, según el experto.

Según datos de la OMS, el radón es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco y el primero en personas no fumadoras y responsable de entre el 3 y el 14 por ciento de este tipo de cáncer en el mundo.

El radón se acumula en sótanos y bajos de las viviendas, por lo que es necesario "ventilar bien, abrir las ventanas o medidas arquitectónicas como aislar el suelo o sellar la casa", ha añadido Regueiro.

Este gas tiene un periodo de desintegración de 3,8 horas y el problema son "los sitios cerrados, donde se produce una acumulación que podría ser dañina para la salud".

Según el mapa predictivo de exposición al radón del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), divide el territorio en tres categorías de exposición potencial: baja, media y alta.

El CSN señala el sur de Galicia, zonas de Madrid, Salamanca, Ávila, Toledo, Cáceres, Córdoba y Jaén en la Península y Gran Canaria en el archipiélago canario como las zonas de mayor exposición.

Hay que recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha concenadoa España a pagar una multa millonaria por tardar en adecuar a la normativa europea los sistemas para la depuración de aguas residuales urbanas en distintos municipios del país.

Los jueces europeos condenaron a España a "abonar una suma a tanto alzado de 12 millones de euros y una multa coercitiva de 11 millones de euros aproximadamente por cada semestre de retraso", según un comunicado del Tribunal.La corte declaró por primera vez el incumplimiento de España en una sentencia de 2011, después de que la Comisión Europea presentara un recurso contra el país al haber comprobado que 43 municipios españoles con más de 15.000 habitantes no disponían de sistemas colectores ni de tratamiento de las aguas residuales urbanas.