La Fiscalía de Almería ha reclamado al Juzgado de Instrucción número 2 de Almería que declare en calidad de investigado por un delito de prevaricación el expresidente de la Diputación de Almería Juan Carlos Usero (PSOE).

El fiscal solicita esta declaración dentro de la investigación el presunto pago de más de un millón de euros a empresas de medios de comunicación, supuestamente abonados en campaña electoral, sin contratos y mediante un expediente extrajudicial de créditos por el equipo de Gobierno del PP, pero correspondientes a la anterior corporación del PSOE.

Además, pide que declare, también como investigado, el exvicepresidente provincial Luis Pérez Montoya (PSOE) -condenado por otra causa a siete años y diez meses de prisión por un delito agravado de malversación de caudales públicos, pena recurrida al Tribunal Supremo-.

Asimismo reclama que declaren como investigados un adjunto al consejero delegado de la sociedad responsable de unos de los medios de comunicación que recibieron los pagos, así como otra persona que en su día formó parte del gabinete de prensa de la Diputación.

Por último, pide que declaren, en este caso en calidad de testigos, otras dos personas.

Tras recibir el informe del fiscal, el magistrado Manuel José Rey Bellot ha emitido una providencia en la que da un plazo de cinco días a las partes personadas en la causa para que "aleguen lo que a su derecho convenga", dando un plazo de cinco días para recurrir dicha resolución.

La citada aprobación de expedientes extrajudiciales de crédito se habría llevado presuntamente acabo con informes contrarios del interventor en los que advertía y ponía de manifiesto varios reparos, como la posible existencia de "tracto sucesorio", la supuesta inexistencia de los expedientes de contratación, etc.

Se investigan pagos efectuados por la Diputación almeriense en base a distintos reconocimientos extrajudiciales de crédito, aprobados en los meses de marzo 2011 y 2012, fundamentalmente a medios de comunicación de ámbito local.

El Ministerio Público observó que "son muchas las irregularidades detectadas por el interventor general" sobre la contratación de servicios por parte de la Diputación, y que "de este cúmulo de irregularidades, algunas podrían constituir puros ilícitos administrativos" y otras "podrían comportar la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal" de la Diputación.

"Las más graves" podrían "incluso" ser constitutivas "cabría pensar, al menos en términos de pura hipótesis, en la presunta comisión de uno o varios delitos de tráfico de influencias", según la Fiscalía.