La Fiscalía Provincial de Almería ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 el escrito de acusación en el que solicita penas de cárcel y una multa millonaria para dos de los máximos responsables de la empresa Facto, adjudicataria del proyecto y obra del edificio del Mesón Gitano, licitado por la empresa municipal Almería Urban. La fiscal considera que existió tráfico de influencias en el procedimiento y estima que procede condenar a un año y nueve meses de prisión tanto al presidente como al secretario de Facto, José Torrente y Antonio Alañón, para los que pedirá, durante el juicio oral a celebrar, también el pago de 5.400.000 euros. La acusación de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso parcial Diario de Almería, se extiende al funcionariado del Ayuntamiento de la capital, solicitando dos años de cárcel, inhabilitación de empleo o cargo público por un periodo de cuatro años y sanción económica al jefe de servicio de Obras Públicas, Juan de Dios Matarín, por negociaciones prohibidas, delito éste que también imputa a otros dos funcionarios, el jefe de servicio de Medio Ambiente David Lozano y el técnico José Luis Merelo, participantes en la valoración de las ofertas de las 14 empresas que concurrieron en su día al concurso del Mesón Gitano.

La Fiscalía rebaja el número de siete imputados reflejados en la resolución emitida por el Juzgado de Instrucción el pasado mes de diciembre, en la que comunicaba la decisión de abrir juicio oral y emplazaba al Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares a presentar escrito de acusación. Estima la fiscal en el mismo el sobreseimiento provisional para el funcionario del área de Obras Públicas Jorge Nofuentes y para el ingeniero Ramón Francisco Durbán, apoderado de Salcoa y miembro del equipo redactor del proyecto de Facto, a los que no imputa delito alguno, centrando pues sus acusaciones en cinco personas -los dos empresarios y los tres funcionarios citados-, sin implicación de responsables políticos.

En la parte del escrito de acusación en poder de este periódico, al jefe de servicio de Obras Públicas, para el que se solicita dos años de prisión y tres de inhabilitación, también le requiere la Fiscalía el pago de una multa de 24 meses a razón de 12 euros la cuota diaria. Matarín es el técnico que desempeñó la coordinación de la Mesa de Contratación, encargado de la valoración técnica y económica de las empresas licitadoras, supervisor de las certificaciones de obra y "con evidentes intereses económicos -señala la fiscal -a través de sociedades interpuestas".

De los tres trabajadores del Ayuntamiento es el peor parado, ya que para los otros dos funcionarios, la solicitud de prisión es de un año y seis meses; la inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público, de tres; y la multa es, siendo la misma cuota diaria, de 18 meses.

La Fiscalía incide en su escrito de acusación en los vínculos de los dos empresarios acusados con los funcionarios. Por un lado, alude a que el presidente de Facto comparte una sociedad en común con Matarín denominada Cauce Construcciones Civiles, la cual tiene el mismo domicilio social que la mercantil Facto. Además, cita en su escrito otra sociedad, Mirlo Inversiones Levantinas, de la que es consejero también Torrente, siendo la única administradora un familiar del jefe de servicio de Obras Públicas. Esta última sociedad no tenía actividad laboral, ni era titular de bienes inmuebles ni vehículos.

Según la Fiscalía, los tres funcionarios tenían en el momento de la adjudicación, además, cada uno un familiar directo trabajando en Facto (Lozano, un hermano; Matarín, una hija; y Merelo, su mujer). Sobre Facto, el Ministerio Fiscal también hace referencia al proyecto idéntico al de Salcoa con las que ambas sociedades se presentaron al concurso, siendo este el origen de denuncias e investigación, ya que aun siendo el mismo diseño, las empresas eran diferentes, así como los arquitectos autores y los costes de ejecución con precios muy dispares. Recuerda la fiscal los lazos entre Facto y Salcoa, que comparten otra unión de empresas, Algea Tris, adjudicataria, por otro lado, del aparcamiento de la avenida Vilches.