Los funcionarios de prisiones de toda España, incluida una representación de la prisión de Almería, se manifestaron la semana pasada en Madrid para exigir la dimisión del ministro del interior y de la cúpula de altos cargos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Exigen que los funcionarios de la prisión de Villena dejen de estar suspendidos de empleo y sueldo, y que cese la "campaña de criminalización de su colectivo por parte de la Secretaría General".

"Somos un colectivo maltratado y abandonado por parte del Ministerio y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias", manifiestan desde la asociación de trabajadores penitenciarios 'Tu Abandono Me puede Matar' (TAMPM).

Los funcionarios de prisiones se han preguntado "dónde están los encapuchados" y han pedido la dimisión del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, por respaldar públicamente a la subdirectora que denunció amenazas y una agresión a la puerta de su domicilio. También han reprochado a Grande-Marlaska que la llamara "verdadera funcionaria".

La asociación 'Tu Abandono Me Puede Matar' cree que la denuncia falsa forma parte de una estrategia para criminalizar las reivindicaciones del colectivo y llevan desde que fue detenida la subdirectora de seguridad de Villena pidiendo que se levante el castigo impuesto a tres funcionarios de prisiones que redujeron en agosto a un preso con problemas mentales, dando paso a una investigación por posible exceso de fuerza.

Días después, la subdirectora de seguridad, responsable de la custodia de las grabaciones de las cámaras internas donde se veía la intervención de los funcionarios, denunció amenazas relacionadas con presiones de los trabajadores para que "cerrara la boca". Las mismas llegaron, según ella, a su teléfono móvil, y luego sufrió una agresión a la salida de su domicilio.

Los trabajadores convocados por esta plataforma han pedido más medios para poner fin a la inseguridad de los centros penitenciarios, así como una "equiparación salarial" con otros trabajadores, emulando el acuerdo firmado en 2018 entre el Ministerio del Interior y las organizaciones representativas de Policía Nacional y Guardia Civil.