El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) está tramitando las solicitudes de incautación de las fianzas de explotación de las sociedades concesionarias de autopistas nacionales de peaje que están en liquidación concursal, por un importe total de aproximadamente 120 millones de euros. Esa cantidad que las concesionarias depositaron en su día como garantía por la explotación a cambio de peajes aminorará la factura del Gobierno del rescate de las autopistas quebradas. 

Mediante acuerdos del Consejo de Ministros, se determinó la resolución de los contratos de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de las autopistas: R2, R3, R5, R4, M-12, AP-36, AP-41, AP-7 Circunvalación de Alicante y AP-7 Cartagena-Vera. La infraestructura que une el litoral almeriense con el de Murcia fue construida por la sociedad Aucosta y abrió al tráfico a finales de 2006. En los respectivos acuerdos se contemplaba, entre otras cuestiones, la incautación de la garantía de explotación. Los interesados en los distintos procedimientos: avalistas, sociedades concesionarias en liquidación concursal, así como determinadas sociedades y fondos acreedores, presentaron distintos recursos frente a los acuerdos del Consejo de Ministros, que han sido resueltos mediante sentencias firmes por el Tribunal Supremo a favor del Ministerio y en el sentido recogido en el Acuerdo de Consejo de Ministros.

En las resoluciones judiciales adoptadas, se considera procedente la incautación de las fianzas de explotación y conforme a Derecho los acuerdos de Consejo de Ministros recurridos. El trámite se realiza sobre la base de las competencias y funciones atribuidas a la Delegación del Gobierno de las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje por el artículo 36 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, en la redacción dada por la disposición adicional octava, en su apartado tres, de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.

Así se están tramitando los expedientes para que la Caja General de Depósitos proceda, en breve, a ejecutar la incautación total de las garantías de explotación depositadas por tales sociedades concesionarias en la mencionada Caja, en el marco de la regulación establecida en el Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre.La primera garantía de explotación cuya incautación se ha solicitado corresponde a la Autopista Madrid-Toledo, por un total de 10,12 millones de euros. El desglose de las cantidades a incautar es el que se recoge a continuación: Henarsa (R2) 15.542.457,77 euros, Accesos de Madrid (R3 y R5) 29.653.813,42, Madrid Sur (R4) 18.317.584,87, Eje Aeropuerto (M12) 7.064.757,31, Madrid- Levante (AP-36) 12.885.561,01, Madrid Toledo (AP-41) 10.119.038,62, Ciralsa Circunvalación de Alicante 8.096.973,36 y Aucosta (AP7 Cartagena-Vera) 17.954.084,04.