Grandes 'gangas' por embargos

Una ejecución hipotecaria es el medio legal que utiliza una entidad financiera para recuperar el dinero prestado, esto es, el embargo. Esta acción la inicia cuando el hipotecado no hace frente a los pagos establecidos para pagar su vivienda. Una situación que alcanza proporciones alarmantes en la provincia de Almería. Los problemas económicos unidos al elevado coste de las hipotecas son los principales motivos que provocan que el propietario de un inmueble no pueda hacer frente a los pagos establecidos. Por otra parte, según la legislación actual, la persona embargada ha de abonar a la entidad financiera la totalidad del préstamo aunque ya no posea la vivienda.

No es posible ofrecer la cantidad exacta de los embargos ejecutados en la provincia de Almeria. Los datos de las fuentes más fiables ponen la cifra en más de 2.000, de los que la cuarta parte, es decir, 500, se han efectuado en la comarca del Levante. Según las mismas fuentes, podrían ser muchos más los embargos ejecutados en esta comarca al ser la zona en la que más se ha construido. Añaden, además, que se puede dar el caso de que un embargo afecte a una promoción completa con lo que el número de viviendas embargadas sería mayor.

Sin embargo, más que la cantidad de viviendas embargadas, algunas de ellas jamás habitadas, lo que llama poderosamente la atención es la cantidad de familias que se han quedado sin hogar al habérseles embargado la vivienda habitual con el consiguiente desalojo. El mazazo sicológico unido al sentimiento de humillación pública en núcleos rurales de población, donde casi todo el mundo se conoce, induce a camuflar el desahucio. Cruz Roja, Cáritas, Asociaciones Humanitarias como HUDEA, contribuyen en la medida de sus posibilidades a parar el primer golpe. Así, de la Memoria Cáritas Almería del 2010 se recoge que las Cáritas parroquiales de Almería atendieron en ese año a 4.902 familias, si bien este número se está incrementando progresivamente debido al aumento de hogares que han dejado de percibir ingresos, por haber agotado la prestación por desempleo u otras ayudas. En la citada memoria se apuntan casi 12.000 euros destinados a prestar ayudas al pago de hipotecas. Por su parte, la Asociación HUDEA está proporcionando ayuda a cinco familias que han sido desahuciadas en Vera en estos dos últimos meses. Los tablones de anuncios de los Juzgados de Vera son excelentes fuentes de información. Los avisos de embargos se superponen unos a otros.

Es cierto que ante el inexorable aumento de desahucios, el Gobierno ha aprobado recientemente la dación en pago, operación por la que se cancela la totalidad de la deuda entregando la vivienda aunque su valor sea inferior a esa deuda, para familias en el umbral de exclusión social. Pero, ¿quién puede acogerse a la dación en pago aprobada en 2012? En realidad pocos hipotecados porque es casi imposible cumplir con todos los requisitos. Tan es así, que la mayoría de los bancos se han adherido al código de buenas prácticas redactado por el Gobierno en tiempo récord.

Tras dos años de negociaciones con la entidad financiera, casi el mismo periodo que lleva en el paro un ex empleado de un taller mecánico de Huércal-Overa y que pide anonimato, ha sido embargado y desahuciado de su ex vivienda con toda la familia. Se pregunta, cuándo le hablan de haber vivido por encima de sus posibilidades, "si acaso la Caja no sabía que él tenía una nómina mensual de 1.130 euros netos".

Le concedieron sin más una hipoteca "de 160.000 euros a pagar en 20 años con una cuota mensual de algo más de 700 euros. Íbamos tirando", cuenta, "con algunos trabajillos de mi mujer. Ahora, ni eso". Este hombre que con su familia vive en casa de los padres de su mujer, mira el cartel a pie de carretera que anuncia la venta de propiedades embargadas y dice que "entre alguna de esas viviendas en venta, seguramente estará incluida la que era mía, de mi familia".