Justo cuando se cumple un año desde que las palas tirasen abajo dos viviendas en el Paraje Las Terreras de Cantoria, el municipio volverá a ver como quedan reducidas a escombros dos casas de británicos compradas de buena fe hace algo más de una década. El alcalde del municipio, Gaspar Masegosa, describe la situación como "muy desagradable". Y aunque insiste en que acata la sentencia, a renglón seguido critica a la Junta por "no tratar a todos los pueblos por igual. Hay sentencias similares y anteriores en otros municicipios, pero siempre nos toca a los mismos, es evidente que hay diferencias, y que conste que no quiero que se derribe ninguna vivienda en ningún pueblo" asegura.

La Delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Sonia Ferrer, a preguntas de Diario de Almería, justica la medida asegurando que "la Junta esta cumpliendo una sentencia judicial que les obliga a demoler las viviendas de Cantoria, no podemos actuar de otra forma. Es una administración y si hay una sentencia firme que nos obliga de manera subsidiaria, debemos cumplirla". Niega que la Junta haya pedido ejecutar la sentencia ante la Audiencia Provincial e insiste en culpar al ex alcalde, Pedro Llamas, "el origen de esta situación lamentable y dolora se remonta a hace dicez años. Pedro Llamas provocó esta situacion y por eso está condenado como autor de una delito de falsedad en documento público, además de omisión del deber de perseguir delitos. Esto hoy no sucedería si en su día hubiesen respetado los distintos requerimientos".

En cuanto a si habrá más demoliciones en una comarca donde se cifra en 12.000 el número de viviendas ilegales, muchas de ellas con procedimientos judiciales, Ferrer responde que "la Junta hará lo que diga la justicia, y le doy un dato, en los últimos ocho años la Junta ha demolido 14 viviendas".

Aclara en este punto que la modificación de artículos en la LOUA y la regularización de viviendas anunciada por la adminsitración autonómica tiene varias excepciones, "no podrán acogerse a esta regularización aquellas que estén construidas en suelo protegido y también aquellas que estén inmersas en procedimientos judiciales o tengan sentencia en firme. La modificación es clarísima, aquellas que estén inmersas en procedimientos judiciales no podrán acogerse a esta regularización", algo que podría dejar fuera a numerosas promociones en el Valle del Almanzora, como es el caso de las 98 viviendas de Albox para las que el Fiscal ha pedido también su demolición, y muchas otras en el resto de municipios del norte de la provincia.