La edil de Hacienda asegura haberse enterado del catastrazo de casualidad

El sobrecobro en los recibos de la contribución emitidos por el Ayuntamiento de la capital desde 2008 por un error de cálculo de la Gerencia del Catastro puede acarrear ceses o dimisiones, como reclaman ya los partidos en la oposición. Todo depende de desde cuándo el equipo de gobierno tiene conocimiento de la valoración excesiva de la base imponible, un dato sobre el que se calcula finalmente el IBI, entre otros impuestos. A esta pregunta del millón dio respuesta ayer la responsable municipal de las cuentas hacendísticas. La concejal Rafaela Abad ha asegurado que es conocedora del catastrazo desde hace apenas dos semanas cuando, según ha manifestado, se enteró por pura casualidad por un comentario que una persona le dirigió "en la calle".

Abad, que convocó ayer a los periodistas de medios escritos a un encuentro en su despacho junto a personal técnico de Hacienda, manifestó que el Ayuntamiento no ha recibido comunicación alguna de la Gerencia del Catastro advirtiéndoles de este error, del que se desconoce el número de afectados pero que puede haber perjudicado a una gran mayoría de los contribuyentes de Almería capital. "No he recibido ni una sola comunicación, me enteré el pasado viernes 20 cuando una persona me preguntó en la calle. Y tiré del hilo..."

Al otro extremo del mismo, la directora provincial del Catastro, a la que Abad, explica, solicitó una reunión que se produjo a la semana siguiente y en la que la edil asegura haber pedido la adopción "urgente" de medidas para solventar este lesivo error. Según detalló la responsable municipal de Hacienda, es la Dirección General del Catastro la que está comprobando las correcciones pertinentes habiendo arbitrado Madrid un "plan de actuación urgente" sin que se sepa, al menos el Ayuntamiento, cuál será la solución.

Tampoco los técnicos de Hacienda eran conocedores del error catastral al no haber recibido el departamento, aseguran, escritos de reclamación hasta que el fallo de cálculo en el denominado coeficiente A fue publicado en prensa. El Ayuntamiento aclara que los ciudadanos que piensen que puedan estar afectados no deben acudir al Consistorio al no ser la administración competente. Aunque tampoco recomienda la concejal de Hacienda personarse ante el Catastro, donde según los datos facilitados se han registrado reclamaciones de unas 70 fincas registrales -principalmente de promotores-, ya que, explica, "van a actuar de oficio sin necesidad de que los ciudadanos presenten reclamaciones de manera individual".

Solo toca esperar a que Madrid emita sus conclusiones del plan de actuación de la Dirección General del Catastro, que puede desembocar en una resolución de discrepancias, por la que el contribuyente perdería su derecho a percibir las cantidades cobras de más, o una subsanación, que obligaría al Ayuntamiento, así como a otras administraciones cuyos impuestos están afectados por esta valoración, a devolver lo que se prevé una cuantiosa suma. En este último caso, el Consistorio se plantea pedir daños y perjuicios, ya que pondría en grave aprieto a las arcas municipales.

Abad subrayó, una vez más, que si bien el Ayuntamiento es quien emite los recibos, "en el caso del IBI se limita exclusivamente a realizar una labor de intermediación, tanto en la aplicación de los valores de la ponencia como a la hora de resolver las reclamaciones presentadas", por lo que ha solicitado a los grupos de la oposición "mesura y rigor" a la hora de focalizar sus críticas hacia el equipo de gobierno.

"Las resoluciones que emite el Ayuntamiento respecto a los valores catastrales se realizan en base a la resolución que emite el Catastro, donde se indica el valor catastral a aplicar y la fecha desde que este es aplicable. No se puede discutir la Ley del Catastro y no podemos más que seguir realizando la labor de intermediación", dijo.Por otro lado, Abad quiso trasladar un mensaje de "tranquilidad" a los ciudadanos a los que ha recordado que "será el propio Catastro quien, analizada y estudiada la incidencia, resuelva de oficio este asunto, sin necesidad de que los ciudadanos presenten reclamaciones de manera individual".

Respecto a la realización de una nueva ponencia de valores, reclamada por la oposición, Abad ha subrayado "el alto coste que supondría su realización a las arcas municipales, en torno a los 2 o 3 millones de euros". Frente a esa propuesta, desde el equipo de gobierno se ha solicitado una revisión de la ponencia de los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos, tal y como posibilita la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.