Han tardado más de un año, pero ya están terminadas y listas para su depósito en próximos días en el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería las diligencias sobre el presunto fraude fiscal cometido por el fundador de Obrascampo y sus principales colaboradores en las que han venido trabajando sin descanso los investigadores del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. No era nada fácil. La trama societaria con la que pretendían engañar al fisco a gran escala se articula sobre una formidable ingeniería financiera asentada en miles de operaciones entre empresas, movimientos de capitales y contratos que quedan al descubierto en los informes de Hacienda. Han sido más de diez cajas de documentos, todos los que se requisaron en los registros realizados junto a las detenciones a finales de noviembre de 2014, los que se han tenido que estudiar en profundidad con la dificultad que implica llegar al destinatario final de cientos de movimientos bancarios y traspasos de bienes que se pretendían ocultar con un conjunto de artimañas contables, fiscales y societarias que ahora se han desmantelado. Las periciales e informes elaborados a lo largo del último año por investigadores de la Agencia Tributaria permiten   confirmar las sospechas, si bien le corresponderá ahora a la jueza  instructora del caso Obrascampo, Alejandra Dodero, determinar las responsabilidades del empresario y promotor Antonio Pérez y de sus colaboradores Israel Martínez y Francisco Miguel Nieto a los que se les imputan delitos contra la hacienda pública, por insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Los tres fueron detenidos el 27 de noviembre de 2014 dentro de la Operación Cobra realizada por agentes de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, quienes ya llevaban un año investigando al promotor que fundó un imperio inmobiliario llegando a generar más de 300 empleos directos en ocho oficinas en Almería siendo una de las constructoras de mayor peso de la comunidad andaluza. En los registros de la casa de Níjar del empresario, que no estaba a su nombre dentro de su estrategia de  descapitalización de bienes para evitar futuros embargos, y en los de la sede del grupo Obrascampo en Aguadulce se intervinieron las diez cajas de documentos junto a miles de archivos informáticos que ya han sido procesados por los investigadores de Hacienda. En el informe definitivo se revela el modus operandi empleado por los acusados del fraude basado en la falsificación de facturas tanto de empresas como de servicios ficticios, en no declarar el IVA en la venta de viviendas con las que sufragaron su deuda  a través de daciones en pago, en ejecuciones hipotecarias y otros métodos que se articulan mediante una trama de una treintena de empresas de las que 17 carecían de actividad.  El dinero cobrado por el IVA, tras su plan para ir entregando bienes hipotecados a los bancos, nunca se ingresó en la hacienda pública y fue ocultado con las sociedades instrumentales que trasladaron el dinero de unas a otras, simulando préstamos y deudas entre ellas. De esta manera se apoderaron de  más de nueve millones de euros entre los años 2009 y 2012, si bien el adeudo que mantienen con la Agencia Tributaria asciende ya a los 15,9 millones de euros, según la lista de grandes morosos que se ha publicando recientemente. Los indicios de delito resultaron tan evidentes que la jueza dictó ingreso en prisión  del promotor y sus asesores eludible bajo una fianza de 300.000 euros que, tras un breve periodo entre rejas, acabaron pagando.

Israel Martínez fue el primero en hacerlo, de hecho pasó las navidades en casa, si bien el constructor Antonio Pérez no abandonó la cárcel hasta mediados de marzo de 2015 al tener más dificultades para abonar la cantidad acordada. Para los investigadores de la Agencia Tributaria, el artífice de la ingeniería financiera del fraude a gran escala es el asesor contable y economista Israel Martínez, que también está implicado en la trama del hostelero Miguel Rifá y en otras presuntas estafas al fisco de promotoras y constructoras.