Hallan 173 empadronados en una finca de 136 metros, a los que cobraban de 300 a 700 euros
Sucesos
Supuestamente captaban en la provincia de Almería a extranjeros que necesitaban este tipo de trámite para regularizar su situación en España
Desarticulada una red que regularizaba migrantes con contratos de trabajo ficticios
Detenido dos veces en un mes un vigilante del albergue municipal de Almería acusado de falsear empadronamientos
Almería/Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional por cobrar entre 300 y 700 euros por empadronamiento en una finca de su propiedad, donde existían registradas de forma fraudulenta 173 personas en una superficie de 136 metros cuadrados.
En la actuación han sido detenidas otras tres personas que supuestamente captaban en la provincia de Almería a extranjeros que necesitaban este tipo de trámite para regularizar su situación en España, según ha informado este jueves la Policía en un comunicado.
A raíz de una operación policial llevada a cabo en 2022 para evitar la proliferación de asentamientos clandestinos de caravanas en Vélez-Málaga, los agentes localizaron una finca que carecía de los permisos necesarios para el estacionamiento de larga estancia.
En inspecciones posteriores, comprobaron que la propiedad, de solo 136 metros cuadrados y dos viviendas construidas, contaba con 173 personas empadronadas, de las que 153 eran extranjeras y solo 12 habitaban allí en la actualidad.
Los policías averiguaron que muchos de los empadronados en la finca nunca habían morado en ella, sino que ciudadanos extranjeros, principalmente de origen marroquí y senegalés eran captados en Almería por intermediarios para registrarse.
Según las pesquisas, estos ciudadanos habrían llegado a pagar entre 300 y 700 euros para obtener el certificado de empadronamiento y regularizar así su situación administrativa.
La operación policial ha logrado identificar una estructura criminal que basaba su actividad en la falsedad documental y el favorecimiento de la inmigración ilegal.
Además, se ha comprobado que otras personas investigadas han conseguido regularizar su situación en España gracias a esta organización, por lo que se pueden enfrentar a una revocación de los permisos ya concedidos, así como a las correspondientes sanciones administrativas.
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