Incertidumbre en los empleos de casi 1.000 personas con discapacidad

Cristina Ortega

27 de julio 2015 - 01:00

Juan José y Adela tienen dos cosas en común. Ambos tienen una discapacidad, trabajan en el mismo lugar y temen por su empleo. El Centro de Día Ana María Díaz Plaza es uno de los lugares que son gestionados por la FAAM (Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad).

La FAAM es uno de los Centros Especiales de Empleo (CEE) que junto con otros cinco más que se encuentran repartidos por toda la provincia dan trabajo a 947 personas discapacitadas. Actualmente la Junta de Andalucía les adeuda más de 1,5 millones de euros a estos cinco centros. Los trabajadores están repartidos en 38 centros y dan servicio a 215 clientes y atienden a casi 2.000 usuarios directos.

Sus tareas se centran sobre todo en atención a la dependencia. Una actividad por la que según la FAAM, en Almería por cada 100 euros invertidos por la administración vía subvenciones y ayudas se consiguen retornar a la sociedad 253,25 euros.

Juan José Ocaña es fisioterapeuta, comenzó a trabajar en el este centro de día hace dos años y tiene una discapacidad visual. Adela Marchena es terapeuta ocupacional, tuvo un accidente por el que tiene secuelas en su brazo izquierdo y lleva nueve meses trabajando. Esto no les impide desarrollar ala perfección sus tareas. Los dos pasaron una dura selección compuesta por varias fases para acceder a su puesto.

Isabel Morales, psicóloga y coordinadora del Centro de Día Ana María Díaz Plaza, advierte de que "si la aportación de la Junta no se ejecuta, los puestos de trabajo empiezan a correr peligro y en consecuencia los servicios que se están prestando".

En los diez centros de trabajo que gestiona la FAAM hay 210 trabajadores que dan servicio a cerca de 1.000 usuarios, entre niños, personas mayores o con discapacidad.

Hasta el momento la FAAM ha realizado el pago de todas las nóminas, gracias a la liquidez de la que la organización dispone, procedente del esfuerzo de los trabajadores, pero María José Vargas, empleada de esta federación aseguró que "llegará un momento en el que se agote y si no se puede pagar no se podrán mantener los puestos de trabajo".

La Administración exige que al menos el 70% de la plantilla de los CEE tenga alguna discapacidad. Para este centro de día la empleabilidad de estas personas es más prioritaria aún. "Somos un CEE en el que el 90% de la plantilla tiene alguna discapacidad", señaló Morales.

El Ana María Díaz Plaza desarrolla su actividad de 8:30 a 16:30 y de 16:30 a 20:30, de lunes a viernes. Los ancianos comen el centro y dedican su tiempo a hacer manualidades, a bailar, a hacer ejercicios, a salir con las auxiliares a dar paseos, entre otros.

Adela se encarga de trabajar la parte cognitiva y física para que los ancianos sean independientes en su vida diaria. "Realizamos actividades denominadas de motricidad fina, como atarse un botón o los cordones, y actividades de motricidad global, que se refiere a caminar o correr, actividades que implican a todo el cuerpo".

Juan José se encarga de la parte física y su objetivo es buscar la máxima autonomía posible, que se mantenga un buen estado físico en general para que luego puedan hacer las tareas de la vida diaria. "Muchas veces el hecho de estar solos en casa, ya les deteriora mucho físicamente, ya no solo de forma cognitiva". A parte de las actividades que se hacen en grupo, realiza tratamientos individualizados e intenta que todos los ancianos pasen por la consulta varias veces al mes.

Concepción Arrufat, una de las usuarias, en un principio no quería acudir al centro porque aseguró, entre risas, que "allí había muchos viejos y que estaba mejor en su casa". Pero a los pocos días quedó prendada de todo lo que podía hacer allí y lleva ya diez años acudiendo. "Me lo paso muy bien, he conocido mucha gente y además me tratan mis problemas de rodilla".

A parte de las áreas de fisioterapia y de terapia ocupacional también están las de psicología y enfermería. "Trabajamos de manera interdisciplinar, nos reunimos constantemente y evaluamos cada uno de los usuarios para saber de qué manera intervenir y qué objetivos trabajar", señaló Morales. "Tenemos mucha experiencia en el sector, ya que llevamos más de quince años trabajando con personas mayores". "Cada día hay algo nuevo, algo diferente, que nos hace más profesionales, y enriquece muchísimo, añadió Morales.

A parte del trabajo que se desarrolla en este centro de día, en la FAAM trabajan con chicos con discapacidad, realizan cursos de formación, dinamización de actividades, también trabajan en campamentos y escuelas de verano y con voluntariado internacional. También realizan servicios de ayuda a domicilio, comida a domicilio, atención integral y transporte para las personas con movilidad reducida que acuden al centro.

María José Vargas, de la FAAM señaló que "estos centros han hecho un gran esfuerzo para reinventar su trabajo, lo que se ve reflejado en esos 253 euros, de forma que no dependiesen solo de las ayudas de la Administración. Gracias a que han duplicado su trabajo y han profesionalizado mucho más la atención se han podido garantizar sus empleos".

Sin embargo, el presente se plantea muy incierto si el nuevo gobierno de la Junta no adquiere el compromiso de pago de la deuda pendiente con inmediatez para evitar que continúe peligrando la estabilidad de muchas familias en la provincia. Situación que aunque ya se ha planteado en varias ocasiones a los responsables de la administración autonómica continúa estando en el aire.

Valentín Sola, presidente de FAAM pide que se consolide un sistema de pagos con todas las consejerías con incidencia en el sector, e insiste en la urgencia de aprobar cuanto antes todas las normativas y planes de actuación pendientes en materia de política social que han quedado aparcados.

Aunque ahora la situación ha mejorado, desde febrero de 2014 hasta mediados de julio de 2015, la deuda que la Junta de Andalucía tenía con los Centros Especiales de Empleo de la provincia era de 2.885.657 euros. Se ha reducido considerablemente pero no es suficiente para garantizar el trabajo de casi 1.000 personas como Juan José o Adela.

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