Javier Aureliano sostiene que "esto es mucho más serio que unos viajes"

La denuncia que ante la Fiscalía de Almería presentó el secretario general del PP en la provincia y vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, corre el más que serio riesgo de escapársele de las manos, sino lo ha hecho ya. Visiblemente agitado y sin poder entrar en valoraciones sobre aspectos judiciales (la amenaza del juez Luis Durbán de abrir diligencias de manera inmediata a todos los que lo hicieran ha surtido efecto) la comparecencia de ayer tuvo como objetivo pedir la dimisión de José Luis Sánchez Teruel como secretario general del PSOE de Almería (no menos de cuatro veces lo hizo) y defender su gestión en cuanto tuvo conocimiento de los hechos irregulares que ocurrían en el Patronato. No obstante, su silenciosa afirmación sobre más casos de irregularidades en la Diputación o en algunos de los organismos que de ella dependen, así como su sentencia de que este caso de las facturas falsas es "algo mucho más serio que unos viajes" sonaron a que estamos apenas en el inicio de una tormenta perfecta tanto en la vida política, como en buena parte de la económica y financiera almeriense. A tenor del enorme nerviosismo que existe en ambas, saldrán facturas que afectarán a casi todas ellas.

"El día 10 de enero acudí a la Fiscalía de Almería. Seis días después el señor Sánchez Teruel, decía esto". Esa frase fue seguida por la reproducción en toda la sala de las declaraciones del secretario general del PSOE de Almería que se escuchó en la sala de comisiones en un montaje jamás repetido con anterioridad. La urgencia de la convocatoria no escondía en absoluto la minuciosa preparación de la misma. Las declaraciones del líder de los socialistas almerienses, hacían referencia a él mismo y le pedían "pedir perdón a los almerienses. Javier Aureliano García debería dimitir si tiene dignidad política y el caso de Javier Aureliano, está definitivamente cerrado". Le siguió una revista de prensa en toda regla de informaciones sobre el caso en estos últimos meses. "Después de haberlo escuchado, estoy muy dolido y me ofende a mi y a todo el PP. Sánchez Teruel debe pedir perdón a los almerienses por haberlos confundido, a los funcionarios del Patronato que están profundamente enfadados, a mí y acto seguido presentar su dimisión si tiene esa dignidad que a mi me reclamaba, especialmente por asumir la gestión del anterior equipo del Patronato".

Después de afirmar que "el caso facturas está abierto", comenzó el turno de requiebros tratando de eludir la amenaza judicial de acudir ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 6 acusado de desacato, aunque con lo que calló fue más que suficiente para concluir que esto no ha hecho sino comenzar.

Javier Aureliano García no pudo negar (porque es cierto) que el juez, después de la primera comparencia de los principales acusados ante el juez, en la que este les preguntó por cada uno de los viajes (estancias en Madrid durante 34 días seguidos o un viaje a Londres que costó 12.000 euros entre ellos, así como desplazamientos a nombre de toda la plantilla del Patronato mientras estos estaban trabajando), la de esta semana fue el comienzo de una investigación que promete llegar mucho más lejos.

El magistrado ha solicitado y va a continuar haciéndolo en un futuro inmediato, documentación tanto del propio Patronato de Turismo (es decir, lo que mandó el actual equipo del PP y lo que no), de otros organismos autónomos dependientes de la Diputación de Almería y de la propia institución. No parece aventurado asegurar que lo que pueda surgir de esa investigación va a afectar a buena parte de la clase política de todos los partidos que han pasado por su presidencia, así como por las direcciones provinciales de los dos mayoritarios. Lo que parece apuntar esa investigación es que el Patronato de Turismo era utilizado para el pago de asuntos que nada tenían que ver con sus objetivos fundamentales, una especie de caja de la que sacar lo necesario para tratar de ocultar (con poco éxito) movimientos contables poco claros.

García aseguró y en eso se ha dado un importante paso adelante sobre lo que hasta ahora parecía ser el meollo de todo este entramado, que apenas ha comenzado a apuntar hasta dónde puede llegar. El actual dirigente de la alta institución provincial no quiso entrar en más detalles y se arropó en el incómodo ropaje que le ofreció aquello de la "investigación que está en sede judicial", una sede en la que en plena coincidencia con lo que señaló hace días la secretaria general de su partido en Madrid, confesó que "estaría encantado de acudir y colaborar con la justicia en todo lo que se me requiera".

"No lo sé" fue otra de sus coletillas, especialmente estruendosa cuando se le cuestionó sobre la presunta implicación de dirigentes de la anterior ejecutiva del PSOE, o de cargos en la institución compartidos durante algún tiempo con los del extinto PAL que también podrían aparecer conforme avance la instrucción, algo que fuentes cercanas a los hechos daban por sentado a Diario de Almería.

Su única intención, al menos eso fue lo que sostuvo ayer, es "que se devuelva el dinero por aquellos que gestionaban los fondos del Patronato y por los que asumieron su gestión". Tampoco sabe si es sólo el Patronato aunque reconoció que "no nos fiamos" de lo que se pudo hacer en otros organismos dependientes de la Diputación.

Enésimo capítulo de un culebrón que tendrá consecuencias tanto políticas como judiciales. Estas últimas se han concretado en cuatro órdenes de ingreso en prisión eludibles bajo fianza para Francisco Javier Guerrero, Luis Pérez Montoya, Joaquín Conde y María Teresa Fernández, aunque presumiblemente no serán las últimas. Las políticas aún esperan ser resueltas.