Junta y Gobierno se emplazan para derribar el hotel de El Algarrobico

Si alguien tenía la más mínima duda de porqué el hotel de la playa de El Algarrobico aún se mantenía en pie, ha bastado una sentencia del Tribunal Supremo (después de varias del TSJA y de una Resolución de la Consejería de Medio Ambiente) para encontrar esa explicación. Horas después de que el Alto Tribunal declarase que el inmueble contravenía la legislación de Costas que obliga a un deslinde de 100 metros (en la actualidad está a unos 20 de la orilla) para que Gobierno y Junta se emplazaran a derribar el hotel a la mayor brevedad posible.

Abrió el fuego el presidente de la Junta en funciones, José Antonio Griñán, quien en declaraciones a Canal Sur Radio expresó su deseo de que "el deseo de la Junta es que se declare ilegal para poder meter la piqueta y destruirlo para dejar la costa como debía estar".

Poco después era turno del ministro de Medio Ambiente. Miguel Arias Cañete apuntó directamente al Gobierno autonómico como quien debería "responsabilizarse de la zona de servidumbre de protección". El representante de la Administración central aseguró que acatarán "las resoluciones judiciales, pero la administración competente es la Junta, pese a lo que haya dicho alguna exministra de Medio Ambiente (en referencia a Cristina Narbona) cuyos conocimientos jurídicos son bastante limitados".

Para Arias Cañete, la sentencia del Supremo conocida el martes tiene como consecuencia que "el deslinde realizado por la Administración General del Estado era correcto; el Plan Parcial no se ajustaba a derecho porque no respetaba la servidumbre de 100 metros" y, por último, que hay una parte del hotel que está establecido en una zona donde no se podía haber edificado. A partir de ahí, el Ayuntamiento debe modificar el planeamiento urbanístico y la Junta tomar medidas".

Pocas horas después era turno del consejero de Medio Ambiente en funciones de la Junta de Andalucía. José Juan Díaz Trillo concluía que la sentencia del Supremo abre "un nuevo escenario jurídico" y devolvió la pelota lanzada por Arias Cañete a quien pidió que "no eluda sus responsabilidades" con este asunto y le emplazó a que retome el procedimiento de expropiación" de los terrenos correspondientes a los 100 metros de dominio público, que ya abrió en su día, en concreto en 21 de noviembre de 2005.

Donde sí está de acuerdo con el ministro es en que es la Junta la que tiene la competencia para, en su caso, decidir sobre el derribo en el momento en el que "no haya impedimento jurídico" El responsable en funciones de la Consejería de Medio Ambiente añadió que corresponde al Ministerio retomar el expediente que abrió en su día para la expropiación y posterior derribo. Díaz Trillo consideró "llamativo" que Arias Cañete apunte que el caso del Algarrobico "aún tiene un largo recorrido jurídico", sobre todo, después de que en campaña el ministro afirmara que "si ganaba Arenas las elecciones este tema se resolvería inmediatamente. No va a gobernar, pero ha ganado; puede comenzar a expropiar y manos a la obra".