La Junta graba con cámaras de "alcance" a vecinos y peatones

El sistema de videovigilancia de la Junta de Andalucía está empleando cámaras de "alcance desproporcionado" que captan imágenes de los edificios colindantes -vecinos-, así como de los transeúntes, según ha advertido la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que ha abierto un expediente al considerar que la Administración autonómica puede estar incurriendo en Almería capital en una infracción de carácter grave.

En la resolución, dictada el pasado día 3 de junio y a la que ha tenido acceso Diario de Almería, la AEPD indica que la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública "dispone de un sistema de videovigilancia, instalado en la calle Arapiles 10 y 12, que captura imágenes de la vía pública, del alcance desproporcionado para la finalidad requerida" sin que, añade la Agencia, pueda ser realizado por otros responsables que no sean las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

De las nueve cámaras de seguridad que forman parte del dispositivo de la Delegación de Hacienda, cuatro permiten visualizar la vía pública y edificios colindantes. En concreto, según la información que la propia Junta de Andalucía ha facilitado a requerimiento de la AEPD, dos cámaras exteriores graban a transeúntes, vehículos y viviendas, mientras que la situada en el acceso al inmueble permite visualizar la acera y la calzada, existiendo un último dispositivo en la puerta de acceso que graba de igual manera la vía pública y tam bién las ventanas de los edificios aledaños.

Además advierte de que la Junta no está legalmente habilitada para el tratamiento de estas imágenes, precisando el consentimiento de los afectados, y agrega que, de las consultas efectuadas, "se desprende de que no existe un fichero de titularidad pública" exigido legalmente.

La AEPD ha iniciado un procedimiento de declaración de infracción de administraciones públicas contra la Junta de Andalucía en Almería ante una presunta infracción de los artículos 6.1 y 20 de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

La incoación de este expediente es resultado de la denuncia interpuesta el pasado año por los propios trabajadores de la Delegación al entender que varias de las cámaras de seguridad tienen por finalidad "el control y el registro horario de los funcionarios" al estar enfocadas hacia la mesa de firmas de entradas y salidas frente a los argumentos defendidos por la Junta. Según la secretaria General, el sistema de videovigilancia atiende a las necesidades expuestas en un estudio que detectó la vulnerabilidad del edificio ante el riesgo de intrusión.

Los trabajadores, a través de la Junta de Personal de Funcionarios, se han congratulado de la decisión de la AEPD de abrir expediente ante el cual la Junta dispone de un plazo de 15 días hábiles para formular alegaciones y proponer las pruebas que estime convenientes. El presidente de la Junta de Personal, José Manuel Mateo, ha lamentado, no obstante, que la situación haya tenido que llegar hasta la Agencia "por la soberbia y la falta de diálogo del secretario general y de la delegada del Gobierno andaluz".