La Junta incentiva la contratación de catorce menores infractores

La delegada de Empleo, Francisca Pérez Laborda, ha entregado hoy a la empresa de inserción Inserta, Inserción y Formación, promovida por la asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), una resolución de ayudas de 41.244 con los que la Junta de Andalucía incentiva, a través del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), la contratación de catorce menores infractores.

Los beneficiarios de estas ayudas, que se enmarcan en la orden que articula los incentivos a la contratación de personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, son jóvenes que cumplen en la actualidad medidas de internamiento en centros de menores. Todos ellos estaban inscritos como demandantes de empleo en el SAE y habían asumido un compromiso de inserción.

Los catorce menores han sido contratados por Inserta para desarrollar durante un año tareas de polimantenimiento de calles y vías públicas en los municipios del Valle del Almanzora de Arboleas, Lúcar, Oria y Purchena. Para el desarrollo de estos trabajos, los jóvenes están acompañados por tutores de la empresa, que emplea a un total de 24 personas del mismo perfil.

Durante el acto, Pérez Laborda trasladó su satisfacción por propiciar con estas ayudas la creación de empleo entre personas en riesgo de exclusión, para las que “esta experiencia laboral se convierte en una gran oportunidad para reinsertarse sociolaboralmente”, objetivo con el que reafirmó su compromiso.

Por su parte, el coordinador de centros de menores de GINSO en Almería, Manuel Madrid, agradeció a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía su “sensibilidad” con el colectivo y su “apuesta” por la formación de estos menores, que ha propiciado que la inserción se sitúe en el 85%, según afirmó.

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha destinado a la inserción laboral de menores infractores más de 1,5 millones de euros para la gestión a través de GINSO de casas de oficios y cursos de formación profesional, de los que se han beneficiado en la provincia un total de 187 personas. Actualmente están en marcha dos casas de oficios y otros tantos cursos de FP, que cuentan en total con más de medio centenar de alumnos.

Durante la entrega de esta resolución, la delegada de Empleo recordó que, desde el pasado mes de mayo, se encuentra en vigor el decreto de registro y calificación de las empresas de inserción que, como Inserta, unen a su finalidad económica la de favorecer la integración laboral de personas en riesgo de exclusión como discapacitados, parados de más de 50 años, víctimas de violencia doméstica, o menores infractores.

Para que estas sociedades se consideren empresas de inserción, tal y como fija el decreto, las personas en riesgo de exclusión social contratadas deben suponer el 30% de la plantilla durante los tres primeros años de actividad; porcentaje que se eleva al 50% a partir del cuarto año. De acuerdo con la normativa, las entidades, fundaciones públicas y privadas sin ánimo de lucro, así como asociaciones como GINSO, podrán ser entidades promotoras de empresas de inserción si sus objetivos incluyen la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social.