Almería

La Junta da vía libre a la legalización de viviendas en el Valle del Almanzora

  • El colectivo AUAN tilda el decreto aprobado de "señuelo" · El PSOE dice que no es una "amnistía" a las casas irregulares

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"No es una amnistía a las construcciones irregulares, sino la solución dentro de la más estricta legalidad a los problemas que padecen alrededor de 200.000 familias andaluzas". Así ha definido la presidenta del PSOE andaluz, Rosa Torres, la aprobación ayer por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del decreto que va a permitir la regularización de más de 12.000 viviendas ubicadas en las comarcas del Almanzora y el Levante. La norma establece vías para la legalización o el reconocimiento de estas construcciones, cuando sea posible, en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en función de sus circunstancias físicas y jurídicas particulares.

El decreto distingue, a grandes rasgos, tres supuestos: las edificaciones aisladas, los asentamientos urbanísticos (parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos) y los denominados ámbitos de Hábitat Rural Diseminado (edificaciones con usos y actividades vinculadas al medio rural que también requieren de servicios públicos). Respecto a las viviendas aisladas, se diferencian las que son legales o legalizables de las que son ilegales. En el caso de estas últimas, la norma introduce también la distinción entre aquellas en las que ha prescrito la posibilidad de ejercer acciones disciplinarias y otras donde dicha prescripción no puede darse por estar ubicadas en suelos protegidos o inundables o por no haber transcurrido el plazo de cuatro años exigidos para que la Administración actúe.

Una noticia que para la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No, (AUAN) que aglutina a gran parte de los propietarios afectados en la comarca, no es más que un señuelo. "Es posible que estos fuegos artificiales atraigan a algunos, pero si uno mira con detalle el decreto, verá que no evita que las viviendas con procedimientos en curso, que quizás sean la mayoría, puedan caer bajo la piqueta", afirma la presidenta del colectivo Maura Hillen. "Si lo que la Junta quiere son más casos como el del matrimonio Prior, desde luego que este Decreto no entorpece el camino para ello", manifiesta Hillen, quien se muestra preocupada al respecto, ya que en localidades como Albox, asegura son cientos las casas con procesos judiciales en marcha. "De los casos que conocemos, hasta el momento hay 39 órdenes de demolición con orden de ejecución. Los dueños han apelado, pero la sentencia ha sido en su contra. Aún no sabemos la fecha en que esto ocurrirá, ya que una casa tiene sentencia en 2008 y la otra en 2011. Además de estas viviendas, hay 10 más, cuyos propietarios están luchando para evitar el derribo; de ellas hay 8 en Albox y 2 en Cantoria", dice Hillen, quien además destaca que las 8 propiedades de Albox, están pagando IBI.

La presidente de AUAN ha calificado de "decepcionante" el decreto que ayer emitía la Junta de Andalucía, mientras se preguntaba "¿qué les digo yo a los jubilados que ya tienen una orden de demolición contra sus casas?, ¿les digo que según el Decreto, quedan salvadas?. No puedo, pues no es así", afirma.

Para la plataforma, la Junta no ha querido escucharlos, ya que excepto una de las alegaciones, de carácter legal y menor, han sido rechazadas, "no han aceptado nuestras alegaciones, ni las de Ecologistas en Acción, ni las de los propietarios de la Axarquía", comentan a Diario de Almería, convencidos de que "la solución pasa por el cambio de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, LOUA. Estuvimos a finales de diciembre en el Foro de Ordenación del Territorio e Infraestructuras en Sevilla, donde participaron todos los sectores e incluso el líder del PP Javier Arenas. Arenas nos ha dicho que no cree que el Decreto solucione el problema, y es partidario de que la tierra contribuya a generar empleo. Según nos comentó, sus intenciones son de que Andalucía se transforme en el lugar para el turismo residencial de Europa".

La presidenta de la Asociación espera "que no sean muchos los que se lleven a error por este señuelo y piensen que esta medida es una panacea. De hecho, hemos calculado que de nuestros asociados sólo un 16% podrá verse de alguna forma beneficiado por este decreto".

Desde la Junta explican que a través del decreto podrán obtener licencia de ocupación las edificaciones que se encuentren en conformidad con el planeamiento -tengan o no licencia urbanística- y reúnan unas condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad; las que no son compatibles con el planeamiento pero lo fueron en el momento de su construcción, y todas aquellas que se edificaron antes de 1975 si mantienen el uso y las características tipológicas y no se encuentran en ruina. Esta licencia posibilita su inscripción en el Registro de la Propiedad y la prestación de servicios por parte de las compañías suministradoras.

Por ello, la Junta insiste en que el decreto no es "una norma de regularización indiscriminada" sino una "respuesta concreta acorde a cada situación". De este modo, según los casos, las viviendas que puedan acogerse al procedimiento tendrán la posibilidad bien de obtener una licencia de ocupación o bien de un reconocimiento de acuerdo con la situación jurídica de 'asimiladas a fuera de ordenación', que les permita el mantenimiento de su estado actual y el acceso a servicios como los de suministro de luz y agua.

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