El Ministerio de Justicia ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden por la que se eleva a magistrado la categoría de los jueces destinados a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial de Roquetas de Mar (Almería).

Con esta orden, por la que se adopta la misma medida para los jueces de Sagunto (Valencia), se responde a una histórica demanda de los jueces destinados en el municipio almeriense, que acusaban la alta temporalidad a la que hacían frente, así como por su elevado volumen de cargas competenciales.

El propio Ministerio apunta en la orden que, desde el año 2009, no se había realizado ninguna elevación a categoría de magistrado de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción en ningún partido judicial, hasta el 2022, cuando se hizo con los de Puerto del Rosario (Fuerteventura), Navalcarnero (Madrid) y San Javier (Murcia) al ser una "reivindicación histórica", y contar con una planta de siete Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y "disponibilidad presupuestaria existente".

Justicia destaca las "especiales características socioeconómicas, turísticas, industriales y comerciales" de los partidos judiciales de Roquetas de Mar y de Sagunto.

Además, señala que las plazas de la Carrera Judicial de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción en los partidos judiciales de Roquetas de Mar y de Sagunto experimentarán los incrementos en la cuantía del complemento de destino que corresponde a los destinos servidos por magistrados, y que, análogamente, las plazas de letrados de la Administración de Justicia verán aumentar la cuantía del complemento de destino que corresponde a los destinos correspondientes a la segunda categoría.

Lo mismo ocurrirá con el el complemento general de puesto del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.

Según el Ministerio, con esta orden se pretende reducir, en la "medida de lo posible", la movilidad tanto de los miembros de la Carrera Judicial, como la de los letrados de la Administración de Justicia, así como asegurar una mayor estabilidad que evite situaciones de "disfuncionamiento en la prestación del servicio público de justicia"; a la vez que se consigue una "mayor experiencia profesional y especialización" y una mayor estabilidad en el resto de las plantillas.