Key Mare demanda al alcalde por irregularidades en la venta de Codeur

La sociedad mercantil Key Mare, a través de su filial Key Lanzarote S.L., ha presentado una demanda de impugnación por el acuerdo adoptado en el consejo de administración de la empresa mixta de infraestructuras y servicios Codeur celebrado el 6 de marzo por la mayoría de los miembros de dicho consejo, en concreto por los nombrados por el socio público Ayuntamiento de Vera, al señalar varias "irregularidades" en el proceso de venta de acciones a terceros por parte de Key Lanzarote. En este sentido, también se ha presentado una demanda de responsabilidad civil individual por daños y perjuicios contra el alcalde y presidente de Codeur, S.A., José Carmelo Jorge Blanco (PP), y varios concejales.

Según informa la compañía en una nota, la demanda ha sido admitida a trámite por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Almería y la audiencia previa al juicio se ha fijado para el próximo 3 de diciembre. Esta demanda ha sido interpuesta ante el supuesto "incumplimiento" por parte del Ayuntamiento de Vera de las condiciones establecidas en la Ley de Sociedades de Capital, en los estatutos de la sociedad y en la propia Ley de Contratación Pública, que regulan tanto el procedimiento de venta de acciones a terceros como las adjudicaciones de servicios.

Key Lanzarote, y otros dos socios privados minoritarios recibieron una oferta a principios de 2011 de la sociedad mercantil Professional Water Management S.L. para adquirir su parte en la sociedad Codeur -el 49%- por valor de 7,5 millones de euros. Key Lanzarote inició el procedimiento regulado en los estatutos de la sociedad, de forma que, informó a su socio, el Ayuntamiento de Vera, de dicha oferta con objeto de que éste "pudiera, dentro de dicho procedimiento, optar a la compra preferente, siempre igualando la oferta existente, tal y como exigen los referidos estatutos sociales".

La sociedad mantiene que el Ayuntamiento "manifestó su voluntad de ejercitar su derecho de adquisición preferente pero de manera irregular, incumpliendo la normativa establecida al efecto, fuera de los plazos legales e imponiendo un procedimiento contrario a la ley, con el que pretende adquirir el paquete accionarial por un precio diferente al ofertado por el inversor.