Nuevo frente judicial del Ayuntamiento por el fallido centro comercial de El Toyo

Cuando aún no está resuelta la solicitud de extinción del contrato presentada por la concesionaria del campo de golf de El Toyo, al Ayuntamiento de Almería le ha surgido otro conflicto vinculado a esta urbanización turística con proyectos todavía pendientes de ejecución. La unión temporal de empresas Joisán, conformada por Joigca y Santaella, adjudicataria del centro comercial, pretende devolver al Consistorio la parcela de El Toyo y recuperar la inversión de más de 14 millones de euros que efectuaron por la compra del terreno, según ha advertido el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Joaquín Jiménez. Hay interpuesto un recurso contencioso por la vía judicial de Joisán contra el Ayuntamiento.

El origen de este desencuentro, apunta el PSOE, es la sanción impuesta por la Gerencia de Urbanismo de 360.600 euros a la unión temporal de empresas por no haber desarrollado en siete años la superficie comercial. El expediente lo abrió el equipo de gobierno ante la denuncia formulada por Izquierda Unida hace justamente un año, cuyo portavoz alertó de que no existía ninguna moratoria de obras concedida, así como de la cláusula de contrato en la que el Ayuntamiento concedía el plazo de un año, a contar desde la firma del contrato de compraventa -el 31 de octubre de 2006-, para que la adjudicataria del solar presentara solicitud de licencia de obras. Un paso no dado. En este caso, el propio contrato contemplaba una sanción económica de 360.600 euros en concepto de indemnización, por lo que Urbanismo procedió el pasado año a la apertura del expediente sancionador.

Ahora es el portavoz municipal socialista quien alerta del nuevo giro de este conflicto, que tendrán que resolver los tribunales de Justicia. Hoy que el alcalde ha convocado Pleno para la aprobación del presupuesto, Jiménez reclamará al equipo de gobierno que aclare cuál es exactamente la situación y el objeto del recurso contencioso, que podría limitarse a la sanción quedando la devolución de la parcela en el ámbito de las negociaciones de las partes, o bien que sea la recuperación de los 14 millones pagados en 2006 más el cobro de indemnizaciones por daños y perjuicios el motivo directamente del recurso. "Los compradores quieren devolverla y recuperar el dinero alegando que el Ayuntamiento incumplió el contrato", afirma Jiménez, quien explica que la operación suscrita en 2006 puede contener una cláusula que posibilitaría a Joisán entregar la parcela y recuperar la inversión.

El PSOE ha mostrado su preocupación por este nuevo frente que, de resolverse a favor de la unión temporal de empresas, supondría un "golpe definitivo" a las arcas públicas que podría alcanzar hasta 18 millones de euros. "Estamos hablando de una importante cuantía que corresponde al diez por ciento del presupuesto general del Ayuntamiento", incide Jiménez.