El subdelegado de Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha indicado este miércoles que la Administración "va a iniciar los trámites legales" para recurrir el auto judicial que ratifica la resolución emitida por la Junta de Andalucía que, como autoridad sanitaria, ordenaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a asumir el traslado a un recurso habitacional de los últimos inmigrantes llegados en patera quienes, tras haber estado en contacto estrecho con un positivo en covid-19, deben guardar cuarentena.
En declaraciones a los periodistas, De la Fuente ha incidido que el Gobierno no es competente para realizar este tipo de traslados que, según ha observado, obedecen a una cuestión "sanitaria" y no migratoria, de modo que el traslado de 17 personas a un centro habilitado en Almería hace una semana por parte de la Policía Nacional tras casi dos meses sin acometer esta práctica se debió a "una orden judicial".
"No es un cambio de criterio, no es una concesión ni una cesión", ha recalcado el subdelegado, quien ha detallado que ahora desde Salud se ordena directamente el traslado a los agentes policiales a diferencia de las resoluciones administrativas anteriores, en las que la Junta solicitaba "colaboración" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para este cometido.
Así, una vez que la resolución es elevada ante un Juzgado de lo Contencioso-administrativo y es ratificada mediante auto por un juez, "se convierte en una orden judicial que es de obligado cumplimiento", y, por tanto, no puede ser eludida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Es como si el juez dijera a la Policía Nacional que trasladen al recurso habitacional que diga la Junta" a los inmigrantes, ha resumido el subdelegado.
Este matiz introducido en las resoluciones administrativas de la Junta, en las que hasta el momento solo se pedía el "auxilio y colaboración" del Ejecutivo central, ha sido cuestionado por el subdelegado, quien apunta que el Gobierno andaluz carece de competencias para dar órdenes a la Policía, dependiente en última instancia del Ministerio del Interior. "El juez no es que dé la razón a la Junta, sino que valida la globalidad de la resolución sin entrar en el detalle", ha considerado.
La ausencia de instrucciones precisas en ninguno de los protocolos y el posicionamiento de las administraciones, que mantienen "en el mismo punto" sus conversaciones para tratar de solucionar este asunto, han hecho que la Subdelegación opte por asumir estos traslados de cara al futuro únicamente cuando sean ordenados por un juez mediante la ratificación de la resolución administrativa.
Tras la colaboración prestada durante los meses de julio y agosto "de manera extraordinaria y excepcional", en septiembre la Policía Nacional dejó de efectuar los traslados de personas llegadas en patera en cuarentena, lo que derivó en que dos grupos de 11 y 15 personas se quedaran sin transporte y, por tanto, sin recurso habitacional, siendo puestos en libertad en Almería, mientras que en una tercera ocasión fue el Ayuntamiento de Almería el que se ocupó de realizar el traslado de 15 personas en microbús hasta Víznar (Granada).
"La posición del Gobierno es la misma: la responsabilidad es de las comunidades autónomas que tienen las competencias en materia de salud, es un problema de salud", ha insistido De la Fuente, quien además ha precisado que la misma situación también se da en Motril (Granada), Málaga y Algeciras (Cádiz) a pesar de que a los inmigrantes "se les confina en función no de su origen o de si son legales, sino de un concepto sanitario".
La delegada del Gobierno andaluz, Maribel Sánchez Torregrosa.
Por su parte, la delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha tachado de "pataleo" el anuncio de recurso por parte de la Subdelegación de Gobierno al auto judicial que avala una resolución de la Junta y le obliga a asumir con la Policía Nacional el traslado a un centro habitacional de inmigrantes llegados en patera que tienen que permanecer en cuarentena al haber estado en contacto estrecho con un positivo en covid-19 pero que no han sido infectados.
"Algo estarían haciendo mal cuando ellos mismos han rectificado", ha indicado a preguntas de los medios la delegada, para quien el anuncio de recurso forma parte de una "lucha inerte" que está encaminada a "evitar asumir esa dejación de funciones que el Gobierno de Pedro Sánchez tienen con la provincia de Almería desde que está en la Moncloa", según ha manifestado.
Si bien el subdelegado de Gobierno, Manuel de la Fuente, ha indicado que la Policía Nacional ha asumido el traslado obligada por un cambio en la resolución administrativa avalada por el juez, en la que ya no se solicita colaboración sino que se ordenaría su intervención, la delegada ha insistido en que con su pronunciamiento pretende "no reconocer que se habían equivocado" al dejar de ocuparse de los traslados.
Sánchez Torregrosa ha incidido en que este verano se produjo un acuerdo entre la Secretaría de Estado de Migraciones y la Junta de Andalucía --a través de las consejerías de Justicia y de Presidencia-- por el que se pactó la puesta en marcha de recursos habitacionales por la Junta, que también se ocupa de traslados de positivos en ambulancias, y el traslado de contactos estrechos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Así, ha insistido en que dicho acuerdo funcionó durante todo el verano, de tal forma que la Policía Nacional se encargó de conducir a inmigrantes "de más de ocho pateras" con contactos de riesgo a los centros de Víznar (Granada), Algeciras (Cádiz) y Torremolinos (Málaga), hasta que a mediados de septiembre el Gobierno "bajó los brazos" y abandonó esta práctica en base a un "protocolo unilateral" que no fue pactado con las comunidades autónomas.
La delegada ha criticado así la "dejación de funciones" por parte del Gobierno, que ostenta las políticas migratorias en las que ha encuadrado este cometido puesto que las personas en cuarentena "no están enfermas" y, por tanto, no es un competencia sanitaria, según ha interpretado. "Le corresponde al gobierno según la ley de políticas migratorias, y todo lo demás es echar balones fuera y hacer una guerra inerte que no va a ninguna parte", ha asegurado.
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