Almería

Obrascampo y Rifá, dos tramas para un artífice

  • El asesor fiscal y empresario Israel Martínez, detenido como cerebro del fraude de 9 millones de las mercantiles de Antonio Pérez, también ideó la evasión de impuestos del Grupo Citymar

Dos tramas societarias y un par de empresarios para un mismo modus operandi y único cerebro que aplicó una potente ingeniería fiscal y financiera con el objetivo de engañar al fisco a gran escala. Las investigaciones de la Agencia Tributaria han puesto el foco en el asesor jurídico Israel Martínez Marín como artífice de dos de las mayores operaciones realizadas en los últimos años en la provincia por supuestos delitos contra la hacienda pública y alzamiento de bienes, la de Miguel Rifá y sus principales sociedades (Citymar, Predios del Sureste y Diakonia) y la reciente de Antonio Pérez y las mercantiles de Obrascampo. Los informes entregados al juez por el Servicio de Vigilancia Aduanera entienden que el economista que viene presentado sus servicios desde hace quince años a través de la asesoría Espejo del Mar, con sede en el Paseo de Almería, ideó una serie de artimañas para que se validara la insolvencia de los dos empresarios ante Hacienda y otros acreedores encaminadas a la descapitalización de bienes con operaciones que se extendieron incluso fuera de España. Con Rifá hizo de testaferro para vender las acciones del Hotel Almería a una sociedad portuguesa y en el caso de Obrascampo intentó sin éxito blanquear fondos ilegítimos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) con inversiones en nuevas firmas sin cargas, por ejemplo, con Kenitra en Marruecos con la que planteó el desarrollo de una promoción por dos millones.

La Agencia Tributaria, después de meses de investigación, logró poner al descubierto la mecánica del fraude orientada a la evasión de los impuestos, eludir el pago a las entidades financieras y evitar así los embargos de la hacienda pública con insolvencias punibles. Israel Martínez, que permanece en prisión preventiva desde hace días por la trama de Obrascampo, también aparece como artífice de otros fraudes relacionados con las promotoras Costa Tropical Valma Inversiones SL y Palmilla Mediterráneo SL, dos procesos por los que fue imputado en los juzgados de Instrucción 2 y 4 de Almería a la espera de juicio por el desfalco de un millón de euros del IVA que deberían haberse abonado a Hacienda por operaciones de dación en pago.

El asesor, que durante la crisis económica acordó comprar parte de Obrascampo a Antonio Pérez, fue consejero de mercantiles de Rifá (Las Salinas de Roquetas SL) y el administrador único de otras como Diakonia Hotelera, a la que querían traspasar las acciones del Hotel Almería-Grupo Citymar, y representante legal GILHSA, la sociedad portuguesa que se iba a quedar, precisamente, con todas las participaciones como último eslabón de la cadena con la que se había planificado un alzamiento de bienes en manos de la justicia gracias a la Operación Hostelero de mayo de 2012. Una causa que se ha eternizado a la espera de un juicio en el que responderán por una deuda agregada total de más de 40 millones con Hacienda. Según ha podido conocereste periódico, el catalán ha sido citado a declarar hasta en tres ocasiones sin que se haya logrado de momento en base a una serie de retrasos y cancelaciones de la comparecencia. De hecho, llegó a pedir al juez que se archivara la causa sin éxito, ya que los indicios de delito que en su día aportó la Agencia Tributaria son insalvables. Miguel Rifá sigue haciendo vida normal y ha pasado casi un año desde que se levantó el secreto de sumario. Peor suerte corrió su socio en Vita Hoteliers, grupo resultante de la fusión de la cadena Citymar y Marvel Hotels, Josep María Morros, detenido cerca de Reus y encarcelado sin fianza por la supuesta evasión de capitales de unos diez millones por la que vació el patrimonio y los activos en favor de su entorno y familia.

En la extensa documentación aportada a la justicia por parte de la Agencia Tributaria a mediados de 2012, se hace constar el papel que jugó el asesor Israel Martínez a la hora de planificar y desarrollar las "operaciones simuladas" en la compraventa de inmuebles y aportaciones no dinerarias entre las sociedades y mercantiles del entramado empresarial de Rifá con el fin de lograr devoluciones fraudulentas del IVA y esconder sus bienes para evitar el embargo.

Israel Martínez permanece en la cárcel, compartiendo celda con Antonio Pérez, después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería dictara una orden de prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros por delitos contra la hacienda pública, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Desde la semana pasada siguen en el módulo preventivo después de pasar las pruebas médicas, de educador, psicólogo y trabajador social y en contacto permanente con sus abogados y familiares. A la espera de que paguen la fianza, el régimen penitenciario permite diez llamadas a la semana que se están centrando en el diseño de su compleja defensa jurídica. El Servicio de Vigilancia Aduanera, que coordinó la Operación Cobra con la Policía Nacional, trabaja en el análisis de la documentación que se intervino en la sede del Grupo Obrascampo en Aguadulce y en la vivienda del empresario en Níjar, que tampoco estaba a su nombre, sino al de una de sus sociedades. Los archivos informáticos y diez cajas de documentos, incautados junto a cuatro vehículos de alta gama y 23.000 euros en efectivo, tardarán meses en ser estudiados a fondo antes de la elaboración de un informe final que se entregará a los órganos jurisdiccionales.

El entramado empresarial de Obrascampo, que llegó a generar más de 300 empleos directos con ocho oficinas en Almería como de una de las constructoras de más fuerza en Andalucía, aplicó para su descapitalización todo tipo de artimañas de una avanzada ingeniería financiera por la que se falsificaron facturas de empresas y servicios ficticios, sin declarar el IVA en la venta de viviendas con las que sufragaron su deuda con daciones en pago y ejecuciones hipotecarias y otros métodos de un modus operandi ya aplicado con anterioridad entre las sociedades del empresario Miguel Rifá hasta que fue descubierto: alzamiento de bienes para eludir el pago a las entidades financieras y evitar los embargos de Hacienda y el resto de acreedores con insolvencias punibles. Utilizaban sociedades instrumentales para simular los préstamos y créditos entre ellas, una maquinación fiscal asentada en cruces societarios ideados, tal y como sospecha en la Agencia Tributaria, por Israel Martínez, quien ha dejado de ser un simple testaferro para convertirse en el presunto ideólogo de los fraudes.

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