¿Qué sabemos del accidente de Palomares? Probablemente, un porcentaje ridículo. De hecho, la Audiencia Nacional acaba de pedir al Gobierno que desclasifique el Plan de Rehabilitación para el área contaminada con plutonio en Palomares, en Cuevas del Almanzora, aprobado en 2010, para poder decidir si ordena o no al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) fijar plazo para la ejecución de la limpieza de las más de 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica.

Es más, el voto particular de quien hasta ahora era el ponente en el procedimiento, José Guerrero, discrepa de que el tribunal “limite el alcance” de la medida y lamenta que la petición no vaya “acompañada de los argumentos” por los que sería “ilegal” una eventual negativa del Gobierno a la “desclasificación”.

Soldados de Estados Unidos retiran cosechas de tierras contaminadas.

Hay documentales, decenas de libros e historias... pero a la sociedad almeriense le faltan los datos más que relevantes. ¿Qué sucedió con la cuarta bomba? ¿Se le quitó el detonador antes de que la encontraran los americanos? ¿Por qué los norteamericanos apenas se llevaron 270 gramos de los nueve kilogramos de plutonio desprendidos de las bombas? ¿Si en Estados Unidos ya se confirman casos de cáncer en soldados que participaron en la limpieza, por qué en España no existe información al respecto?

A pesar de la petición realizada por al Audiencia Nacional, Almería se quedará sin tener respuesta a numerosas preguntas, tantas como se han formulado en el Congreso de los Diputados y a las que siempre se les han dado largas. De hecho, hasya hoy, la única respuesta del Gobierno, incluso del de Pedro Sánchez, ha sido remitirse el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos que el Gobierno está elaborando y que se ha comprometido a presentar a lo largo del año próximo.

Pero, por primera vez, la justicia le planta cara al Gobierno. La Audiencia Nacional insta al Consejo de Ministros a remitir a la sala “todas las indicaciones que sean procedentes” en relación al mantenimiento de la “confidencialidad” de su contenido y pide que precise “el tiempo estimado” para finalizar el informe. Además, para poder resolver sobre el recurso contencioso-administrativo impulsado por Ecologistas en Acción, le pide al Gobierno que “aporte cuanta documentación” se haya elaborado sobre la situación en la zona desde el 5 de mayo de 2010, fecha en que se aprobó el Plan de Rehabilitación.

Famoso baño de Manuel Fraga en el agua de Palomares.

El colectivo conservacionista llevó a la vía judicial una resolución del CSN de enero de 2017 en el que rechazaba proceder a la “clausura de la instalación nuclear y el área contaminada de Palomares “con fijación de plazo para llevar a efecto, y a la espera de encontrarles almacenamiento definitivo, el almacenamiento temporal de la tierra resultante del tratamiento de los 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada” previstos en el citado plan de rehabilitación.

La Audiencia Nacional señala que, en dicha resolución recurrida, el regulador atómico “reconoce que se ha valorado la posibilidad de diversas soluciones en relación a la liberación de partículas ionizantes en los alrededores del pueblo de Palomares en 1966” y considera, por tanto, que “es necesario conocer los planes que se hayan elaborado”.

El auto, que cuenta con un voto particular, precisa la necesidad de conocer “en particular el Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado por el CSN con fecha 5 de mayo de 2010 con objeto de poder examinar su contenido y disponer de elementos de juicio que pudieran ser relevantes para la resolución del litigio”.

Visita de técnicos de EEUU a Palomares en 2011.

La sala indica, asimismo, que esta decisión “no se ve alterada” por el hecho de que, en el marco del mismo procedimiento, se dictara un auto que rechazaba la práctica de determinada prueba pedida por Ecologistas en Acción por gozar de la categoría de secreto oficial y remarca que, en este caso, sí se “aconseja” contar con esta información.

Al solicitar no solo el Plan de Rehabilitación sino también que aporte cuanta documentación se haya elaborado después, la Audiencia Nacional también estaría reclamando el informe que el CSN aprobó en julio de 2015 sobre la limpieza de los terrenos contaminados y que, según Ecologistas en Acción, modifica los criterios radiológicos de mayo de 2010.

En el documento cuestionado por el colectivo, el regulador atómico admite que se ha rebajado el volumen de tierra contaminada con radioactividad en Palomares que debe ser retirada en virtud de la declaración de intenciones firmada entre España y EEUU si bien no precisa en cuanto con respecto al plan de rehabilitación aprobado en 2010 y que preveía la limpieza de 50.000 metros cúbicos de suelo.

Esta modificación se produjo a raíz del pleno de 22 de julio de 2015 del CSN en el que se aprobó un informe relativo a los criterios radiológicos aplicables para la restauración de los terrenos afectados por el accidente que se registró en 1966 tras la colisión en el aire de dos bombarderos estadounidenses y la caída de cuatro bombas termonucleares.

En su día, el CSN aportó un documento que no era copia certificada del informe aprobado en el citado pleno de julio de 2015 y se acogía para negar el informe completo a la normativa sobre secretos oficiales que se aplica a “todo el proceso relativo a Palomares” desde acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010.

Ecologistas en Acción sostiene que ese cambio que admite el regulador atómico se ha producido “a instancias” del Department of Energy (DOE) de EEUU. El colectivo asegura que, para ello, se “han aumentado los criterios radiológicos para considerar necesaria una intervención de 1 mSv/a hasta 4 mSv/a”, lo que habría permitido la firma de la declaración de intenciones con EEUU para la gestión y almacenamiento de los residuos generados en la limpieza por parte del gobierno estadounidense. El objetivo, según añade el colectivo, sería que, de la limpieza de 50.000 metros cúbicos de tierra, se pasaría “únicamente a limpiar 28.000 metros cúbicos de tierra contaminada”, lo que reduciría de 6.000 a 3.300 metros cúbicos el volumen de tierra que debe almacenarse en EEUU.

Ecologistas en Acción siempre ha pedido que se aporte como prueba al procedimiento una copia completa del Plan de Rehabilitación de mayo de 2010, el informe del Departamento de Energía de EEUU remitido al CSN en julio de 2015 y el anexo del acta de la sesión celebrada por el regulador atómico ese mismo mes en el que se recogen los niveles de intervención para la restauración.

La Abogacía del Estado siempre lo ha rechazado. En el primer caso, alegó que se trataba de un documento que “no elaboró” el CSN sino el Ciemat y que este organismo se lo hizo llegar “con carácter confidencial”, por lo que “no puede realizar la aportación del mismo”. El magistrado, ante la “previsible la negativa” del Consejo de Ministros a desclasificar ya que el asunto “ha permanecido clasificado como reservado tanto durante el régimen dictatorial como durante más de cuarenta años de democracia”, detalla unas pruebas complementarias que en su ponencia consideraba que era necesario practicar para poder dictar sentencia. Tras conocerse la decisión de la AN, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, asegura que el Gobierno “colaborará” con la justicia en las cuestiones que esta demande una vez que pueda saber “con precisión” los elementos que se esperan del Ejecutivo.