Con fecha de 14 de septiembre de 2004, el Ayuntamiento resolvió licitar el concurso de consultoría y asistencia técnica para la redacción del nuevo PGOU, el quinto Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, que con una vigencia aproximada de quince años, debería estar ya en su última fase de desarrollo. Suele decirse que no hay quinto malo y, sin embargo, dieciséis años después, sigue sin poder relevar al Plan sobre el que aún se trabaja, de 1998, para modelar la ciudad a golpe de modificación, a la espera de que la Junta de Andalucía apruebe la nueva Ley de Suelo, conocida como la Lista. Pero ese nuevo PGOU es contradictoriamente viejo, con una realidad y retos actuales dispares a esos primeros años del siglo XXI. Tanto, que el Ayuntamiento está dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva.

Ese nuevo PGOU lo encargó en su momento Juan Megino, como responsable del área de Urbanismo y fue continuado en su tramitación por Pablo Venzal, Ramón Fernández-Pacheco, y Miguel Ángel Castellón. La herencia de este fundamental documento para el desarrollo de Almería recae, en esta legislatura, sobre Ana Martínez Labella, la quinta concejal de Urbanismo e Infraestructuras desde que el Partido Popular tomara las riendas del Ayuntamiento almeriense. Lo avanzó en una de las últimas sesiones plenarias como una observación, que Martínez Labella ha confirmado. El equipo de gobierno quiere hoja casi en blanco y embarcarse en la redacción de otro nuevo Plan General de Ordenación Urbana, “Hay que partir de cero, algo –del trabajo anterior– nos servirá, pero hay que elaborar un nuevo documento”.

Ana Martínez Labella, concejal de Urbanismo e Infraestructuras, en una rueda de prensa anterior al coronavirus

El anuncio se produce cuando el Gobierno andaluz ultima la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía –la Lista–, que fusiona la del suelo y la de ordenación del territorio. Tramitada por vía de urgencia, la previsión de la Junta es poder aprobarla a lo largo del primer trimestre del próximo año con el propósito de reducir la maraña administrativa y contribuir a la recuperación económica y la generación de empleo, mediante la agilización de los trámites y el alivio de cargas innecesarias, tanto a empresas como a particulares. Las nuevas reglas andaluzas tratarán de salvar los varapalos judiciales que tumbaron años atrás planes generales como los presentados por Marbella y Chiclana, y que conllevaron la suspensión de los planeamientos de otros municipios, como el capitalino almeriense.

El Ayuntamiento de Almería podría esperar a la entrada en vigor de la Lista y acomodar el nuevo PGOU de hace tres lustros. Pero su redacción se hizo en tiempos de vacas gordas, antes de la crisis económica del ladrillo, lo que sumado a la nueva visión del urbanismo que la pandemia del coronavirus ha precipitado, han inclinado la balanza hacia la conveniencia de elaborar otra Plan General que atienda a las necesidades de desarrollo actuales.

Además, la líneas maestras de esa ciudad del futuro, que debería ser el presente, se han topado en ese largo proceso de tramitación no solo con una chaparrón de cambios de normativos, como el POTA, POTAUA y LOUA. También con 28 informes sectoriales negativos y emitidos con tardanza, correcciones y choques de intereses en materia de agua. Quedaban pendientes de subsanación este citado informe en materia de aguas, el de Cultura que está condicionado, el de Comercio también condicionado, el de Costas en la misma situación, igual que el de Carreteras del Estado, Aviación Civil, el de Carreteras de la Diputación y la Declaración Ambiental Estratégica.

Otro factor favorable a la redacción de una nueva versión de PGOU son los tiempos que trae la Lista. Embarcarse en la elaboración de planes generales hasta ahora supone entre ocho y diez años de media, que la próxima Ley reducirá a año y medio o dos años. En esa simplificación, se agilizará la emisión de informes sectoriales.