La portavoz adjunta de Inmigración en el Congreso de los Diputados, Maribel S. Torregrosa, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin reconocer el problema de los menores inmigrantes no acompañados que son trasladados como adultos desde las Islas Canarias a la península y le ha pedido que active de inmediato un plan de contingencia, con carácter retroactivo, para hacer frente a un problema reconocido por todas las comunidades autónomas independientemente de su signo político.

Torregrosa explica que actualmente hay 255 menores inmigrantes no acompañados procedentes de Canarias bajo la protección de la Junta de Andalucía, una cifra que según explica “ha crecido en 68 personas en solo un mes” y que podría ir a más porque hay un número indeterminado de personas pendientes de la prueba de determinación de edad, que la Fiscalía no facilita, a lo que hay que sumar que cada día continúan llegando traslados procedentes de Canarias.

La diputada del PP califica la situación de “muy preocupante” y pide al Gobierno que no siga inhibiéndose de una responsabilidad que es exclusivamente del Estado por ser el que tiene la competencia en frontera exterior.

Por otra parte, Maribel S. Torregrosa pide al Gobierno de España más recursos y financiación para que las comunidades autónomas puedan atender a estos menores como se merecen.

La diputada del PP señala que tal y como reconoce el Ministerio del Interior la cifra de inmigrantes llegados a España se ha multiplicado por cuatro entre enero y marzo en relación con el mismo periodo de 2023, una muestra más de la necesidad de que el Gobierno cumpla con su compromiso, defina una hoja de ruta y planifique la política migratoria.

“En los próximos meses se espera que la llegada de embarcaciones con inmigrantes a nuestras costas sea mayor, por ello instamos al Gobierno a tomar medidas urgentes y evitar así una situación dramática el próximo verano”, asegura.

Finalmente, Torregrosa recuerda que el PP ha pedido también que se convoque la conferencia de presidentes para determinar la financiación por parte del Estado a las Comunidades Autónomas, así como los criterios objetivos e iguales fijados por todas ellas.