El Proyecto Indalo es un plan secreto desarrollado por Estados Unidos, en colaboración con los distintos gobiernos españoles, para estudiar la interacción del plutonio con los habitantes de Palomares y, de la misma forma, el medio ambiente.

El investigador almeriense José Herrera ha vuelto a desmenuzar la historia del caso Palomares en su trabajo ‘La experimentación humana con plutonio en España. Génesis y desarrollo del Proyecto Indalo (1966-2009)’, donde recoge las fórmulas utilizadas por los gobiernos de la época para falsear la realidad, ocultar expedientes y aumentar a su libre antojo el nivel aceptable de plutonio. Si en Estados Unidos este era 0,13 µgr/m2 (microgramos por metro cuadrado), en Palomares se estableció en los 460 µgr/m2 según el Departamento de Defensa y 1000 según el Departamento de Estado.

Enero de 1966. La Junta de Energía Nuclear de la época franquista decidió, en su momento, ampliar los reconocimientos sobre los animales de tiro y ganado con el detector de radiactividad alfa, denominado popularmente 'La Plancha'.

Y todo esto sin despreciar en ningún momento el trampantojo que supuso la la limpieza, o lo que así se llamó, de las tierras contaminadas. Estados Unidos regresó a casa vendiendo un trabajo modélico pero dejó en Almería prácticamente todo el plutonio.

Pero los motivos para mentir eran claros. Evidentes. No se podía exponer al mundo un problema radiactivo y monumental de las características de Palomares y tanto España como Estados Unidos trabajaron para silenciarlo. A este plan se le llamó ‘Proyecto Indalo’.

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José Herrera, autor de la publicación y numerosos trabajos relacionados con Palomares.

José Herrera explica en su trabajo que se hallaba el deseo de reducir las consecuencias de cara a la opinión pública con unas rápidas acciones de remedio. “En España, por la proximidad de la temporada turística. Y a los EE.UU. por la reducción de la costosa y arriesgada descontaminación. Ambas naciones, por la opinión pública ante el desarrollo de la industria nuclear” .

Todo comenzó con la llegada a España de Wrigth Haskell Langham, el hombre que finalmente se ganaría el honor del gobierno americano por hacer y deshacer a su antojo en Palomares. Era graduado en Agricultura y Mecánica y posteriormente estudió Química y obtuvo el doctorado en Bioquímica (1943). En 1944 ingresó en el Laboratorio Nacional de Los Álamos (LANL) donde dirigió la división de Investigación Biomédica.

“Entre otros, estuvo relacionado con la 'Operación Sunshine' (1953) para conocer la repercusión de la contaminación por las pruebas nucleares atmosféricas, con el análisis de órganos de 15.000 cadáveres, muchos de ellos sin el permiso de los familiares”, explica Herrera en su trabajo.

Febrero de 1966. Única foto conocida sobre el compromiso de raspar los primeros 5-10 centímetros para quitar el plutonio. La medida más eficaz comprometida solo se aplicó de manera testimonial.

Llegó a Palomares, en principio, solo para evaluar el escenario. Iban a ser unos pocos días. Pero allí le esperaban 1.200 habitantes a los que estudiar a largo plazo. “Era la primera vez en la historia que se hallaban frente a una población tan numerosa contaminada exclusivamente con plutonio”, tal y como señala Herrera.

Cuando se completó el mapa radiológico definitivo, Langham volvió a España. Lo hizo acompañado del director de Actividades Internacionales de la CEA, John Hall, para proponer un convenio colaborativo de investigación. Era el Proyecto Indalo. Proponían un estudio a largo plazo sobre el óxido de plutonio.

“La solicitud incluía la donación de equipamiento de última generación, lo que suponía la conversión en uno de los laboratorios radiológicos mejor equipados de Europa, también asesoramiento, protocolos analíticos y ayuda financiera. Todo sin especificar cuantía ni plazos; al arbitrio de los promotores. Esta imprecisión contractual supondría un quebradero de cabeza a lo largo de sus 43 años de vigencia. La aceptación española se realizó de inmediato, sin apostilla o inclusión garantista alguna”, detalla Herrera.

El caso es que con el proyecto aceptado y pactado, se firmaron otros nuevos acuerdos de descontaminación, con una importante alza de los niveles, defendidos por Langham como “razonables” o “aceptables”. El Doctor Eduardo Ramos, director de la División de Medicina y Protección de la JEN, firmó disciplinadamente el compromiso norteamericano de retirar de España las tierras por encima de los 462 µgr./m2 de Pu239.

Enero de 1966. Cráter de la bomba 2. Tenía más de seis metros de diámetro por tres de profundidad. También permite constatar la medida unilateral de la USAF de tapar esa zona muy radiactiva con una capa de tierra.

“Langham silenció que cuando participó en los ensayos de liberación de Pu en Nevada concluyeron, que a partir de 100 µgr/m2 de Pu239, era el máximo para evacuar y efectuar una limpieza 51”, detalla el trabajo de Herrera, argumentando que cuando dos años más tarde tuvieron problemas de contaminación con Pu239 en Rocky Flats (Colorado), "se propuso como nivel aceptable 0,13 µgr./m2; instaurado en 1973 como primera normativa de los EE.UU".

En definitiva, “lo razonable o aceptable de plutonio en España para los EE.UU. era 3.554 veces superior a lo que consideraban para su propio territorio y habitantes”.

Todo esto tuvo premio para Langham en Estados Unidos. Fue condecorado por el Departamento de Defensa.

Los informes elaborados

La Junta de Energía Nuclear (JEN) tenía la tarea de realizar los trabajos y elaboración de informes. Para ello, las infraestructuras para realizar los análisis a la población crecieron y se modernizaron. “Se aprobó la construcción de nueva planta del edificio para albergar el con-tador de cuerpo entero (CCE). Se incluía en el primer piso un laboratorio, así como otro edificio de descontaminación para la División de Medicina y ampliación del de Química”, narra Herrera.

La vía principal de entrada del dióxido de plutonio es mediante la inhalación, "favorecida por un ecosistema árido y ventoso y la fracción respirable de las partículas que alcanzan los alvéolosson inferiores a diez micras". La orientación prioritaria de la experimentación humana se basó inicialmente en el análisis del aire.

Fue entonces cuando los habitantes de Palomares comenzaron a viajar hasta Madrid para que es les realizaran los análisis. “Tenían todos los gastos pagados y la prima de generosas dietas para anular posibles renuencias”, añade Herrera. Fue espectacular el secretismo de estas pruebas en humanos. La única forma de informarse era a través de medios extranjeros como la BBC. De hecho, el trabajo de Herrera señala que se instaló en Vera “un equipo móvil de interferencias radiofónicas para onda corta”.

Para las primeras pruebas se escogieron a los 69 vecinos con más opciones de haber respirado aerosoles el día del accidente. “La orina fue recogida en Palomares desde el 06/06/1966 en tres ocasiones; una por mes. Los resultados dieron un 99% de positivos, con algunos niveles altos 68. Los positivos fueron invalidados. La justificación era una conjetura elevada a rango de evidencia. Se basaba en la supuesta contaminación en origen, a través de la estrecha boca de la botella colectora de la orina, en los segundos que dura una micción, cuando siempre afirmaban que no existía contaminación en el aire. Pero contradictoriamente, esos positivos rechazados fueron computados en sus fichas radiométricas. En junio de 1967, once meses más tarde, se volvieron a realizar los análisis, pero la colecta de orina fue en Madrid. Los positivos bajaron al 29%. El intervalo tan dilatado de espera para la segunda prueba no era casual. Desde los años 50 se sabía que la tasa de excreción urinaria podría disminuir en once meses alrededor del 90% 70”, recoge el texto de José Herrera.

A partir de entonces y hasta el presente, casi sin interrupciones, un muestreo anual de 120-150 vecinos han pasado por la JEN-CIEMAT para someterse a reconocimiento médico completo y análisis de orina de veinticuatro horas en busca de Pu239+240 y con posterioridad Am241.

Tampoco fue sencillo que los mismos vecinos a los que se le practicaron las pruebas radiactivas tuvieran constancia de su historial clínico. De hecho, en 1986, tras casi un año de movilizaciones por la extinción a los 20 años de la posibilidad de reclamar por daños diferidos, tal y como explica Herrera, los vecinos consiguieron que se les entregaran parte de sus historiales clínicos, incluidos análisis de Pu en orina. Este derecho básico les había sido negado desde 1966, a pesar de llevar ocho años de gobiernos democráticos. Solo lo consiguen cuando anuncian su negativa de someterse a más análisis y en el CIEMAT ven peligrar la continuidad del Proyecto Indalo.

Algo similar sucedió en Estados Unidos. Cuando en EE.UU. realizaron en 1966, 1.768 análisis de 1.586 militares, apareció el 100% de positivos, aunque 1 144 con bajos niveles. El retraso y la deficiente protección radiológica a la tropa pareció mostrarse. Con idéntica estrategia a la de Madrid, se invalidaron y repitieron los 442 más altos por “unrealistically high”. Pero ninguno de los bajos.

El Proyecto Indalo culminó finalmente en 2009, 43 años después de su inicio. En ese periodo se realizaron 13.753 determinaciones de productos agrícolas. Hasta 2010, 1.073 personas fueron controladas en 5.004 exámenes y análisis de plutonio en orina. De ellas, 140 (13,04%) mostraron algún resultado positivo 97.