Pegadas a un GPS

Vivir con miedo a morir debe ser una de las sensaciones más terribles. Pero la realidad supera a la ficción. En la provincia de Almería más de medio centenar de mujeres viven en esta situación y pegadas a un dispositivo GPS que les avisa en todo momento si su agresor está cerca, es decir, a menos de 500 metros, que es la distancia mínima establecida para este sistema de seguridad.

No menos horrible debe ser vivir con una pulsera pegada a la piel y con un pesado equipo con el que estás obligado a cargar ya que sólo permite una separación de siete metros. Ésta es la suerte que actualmente corren 53 maltratadores que han sido condenados por la justicia como autores de delitos de violencia de género y que están obligados a portar la denominada pulsera antimaltrato en la provincia. El objetivo del dispositivo es que mantengan una distancia con su víctima, por lo que tanto la pulsera del agresor como el GPS de la víctima están vinculados. Siguen unidos por un lazo virtual que reporta seguridad a la víctima y que hace que la sensación de miedo sea menor, pese al riesgo. Y es que no hay que olvidar que cuando un juez decide adoptar la medida de protección de la pulsera es porque hay indicios suficientes como para clasificar la situación como de alto riesgo. La pulsera antimaltrato está controlada por la Guardia Civil y por la Policía Nacional y la lleva el agresor en la muñeca o en el tobillo. Está conectada a un teléfono con GPS que lleva la víctima y que hace saltar las alarmas cuando víctima y agresor están a una distancia menor de 500 metros.

Son los datos que maneja la Subdelegación del Gobierno en Almería, desde donde indicaron a este periódico que, en lo que va de año, los jueces y magistrados han dictado un total de 431 órdenes de protección para mujeres víctimas de la violencia machista, a las que se suman las órdenes que ya había activas en la red de seguimiento de la violencia de género (Viogen) de años anteriores y que actualmente ascienden a un total de 585. No obstante, los casos de violencia de género sobre los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizan un seguimiento son 1.591, con los distintos métodos que existen.

Cada vez son más los organismos integrados en la red de seguimiento de violencia de género (Viogen). No solo son la Policía Nacional y la Guardia Civil los que están ojo avizor, sino que desde hace años el compromiso del Gobierno central es que todas las policías locales estén también integradas en la red, así como los sanitarios, los juzgados y el Instituto Andaluz de la Mujer. En este caso, en Andalucía únicamente está pendiente la integración del Sistema Andaluz de Salud en el Viogen para completar el círculo, así como algunos ayuntamientos de municipios con Policía Local con los que ya está en trámite la firma para la adhesión, como es el caso de Alhama de Almería, Berja, Cuevas del Almanzora, Huércal de Almería, La Mojonera y Olula del Río, cuyos pueblos aportarán un total de 17 agentes que velarán por la seguridad de las víctimas cuyos casos precisen seguimiento. Actualmente, son 60 agentes locales de los municipios de Mojácar, Adra, Almería, Albox, Carboneras, El Ejido, Garrucha, Huércal-Overa, Pulpí, Roquetas, Vera y Vícar, están ojo avizor en un afán de erradicar esta lacra social.

Desde la Subdelegación del Gobierno destacan la importancia de la colaboración de la Policía Local en este tema tan complejo, dado que son, además, los agentes que más cerca del ciudadano están, lo que conocen más los problemas diarios de los vecinos de sus municipios, y por tanto, los que mejor pueden detectar posibles casos.

La necesidad de mejorar las medidas de prevención, concienciación y protección es evidente. Mucho más cuando se registran víctimas mortales a pesar de haber presentado denuncia. Así, entre los colectivos más vulnerables están las mujeres mayores de 60 año, las que viven en el ámbito rural y las jóvenes adolescentes, según las estadísticas que maneja la administración y tras analizar los perfiles. Precisamente, las últimas campañas puestas en marcha tanto por la Junta de Andalucía como por el Gobierno central van dirigidas a una población general pero con propuestas o apartados específicos para determinadas franjas de edad sobre las que se ha detectado una necesidad más urgente.

Los que recoge el Consejo General del Poder Judicial hasta el segundo trimestre del año proporciona una radiografía muy completa de este tipo de violencia y nos conduce invariablemente a las dos caras de una misma moneda. De un lado, datos positivos, como el aumento de las medidas judiciales que buscan proteger a los menores, víctimas como son de la violencia de género o el aumento de las condenas a los maltratadores, de lo que se desprende que no hay impunidad para la violencia machista. También son positivos los datos del incremento de también quiero situar el incremento de las órdenes de protección concedidas, no solamente el de las solicitadas. Y, aunque sea todavía escaso, también han aumentado las denuncias de malos tratos que presentan familiares de las víctimas. En el lado opuesto el porcentaje de mujeres que tras interponer una denuncia finalmente decide no continuar con el proceso y retira la demanda. A pesar de ello, el número de denuncias va en aumento de forma generalizada en Almería, Andalucía y en el resto del país, a tenor de las estadísticas consultadas en la web del Consejo General del Poder Judicial.