El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado de tres a dos años de prisión la condena a una mujer acusada de traficar con cannabis en varias viviendas de Almería junto con su pareja sentimental ante las dudas sobre que ella supiera de la existencia de un paquete con 117 gramos de cocaína que se halló en uno de los registros, cuya propiedad asumió en "exclusiva" el coacusado.

En su sentencia, el alto tribunal andaluz estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la acusada, a la que solo condena por un delito contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño para la salud, puesto que en base a las vigilancias establecidas por los investigadores no es posible conocer si la mujer accedió a la vivienda donde se ocultaba la cocaína antes de la intervención policial.

En concreto, la resolución expone que la acusada "entraba y salía de dicho inmueble, pero la última vigilancia en la que consta que se la viera allí es la de 9 de octubre de 2020, ignorándose si desde entonces y hasta que se practicó el registro, 25 días después, accedió a su interior".

Este aspecto, "unido a lo declarado por su esposo, asumiendo la propiedad exclusiva de dicha sustancia", justifica la existencia de una duda razonable sobre la participación de la acusada sobre la cocaína encontrada. En conclusión, se desconoce si la acusada "colaboraba con su marido en la venta de la cocaína", por lo que se rebaja su pena de prisión y de la multa a pagar, que asciende a 10.316 euros.

Por lo demás, el TSJA mantiene la condena de tres años de prisión para el segundo acusado así como las condenas de seis meses de multa en total para cada uno de ellos, con una cuota diaria de tres euros, por los delitos de defraudación de fluido eléctrico y de usurpación, toda vez que deberán abonar 5.316,55 euros a Endesa por la energía detraída.

Los hechos tuvieron lugar en abril de 2020 cuando los acusados emplearon varias viviendas para sostener plantaciones de marihuana, lo que provocó cortes intermitentes de luz que fueron denunciados por los vecinos de la zona. Una de las viviendas era propiedad de la acusada mientras que otra pertenecía a una empresa, que no había autorizado su uso.

En los registros se encontraron 257 plantas de marihuana, más de 8.000 euros en efectivo, varios trozos de hachís, envoltorios con cocaína y un paquete con 116,94 gramos de la sustancia, además de botes con cogollos de la sustancia estupefaciente y útiles para el cultivo.