Reclaman a la Junta que suspenda la integración de "enchufados del PSOE"

El Sindicato Andaluz de Funcionarios de Almería ha remitido escritos a cinco Delegaciones Provinciales de la Junta de Andalucía en los que el SAFJA exige el cumplimiento de dos recientes sentencias del Tribunal Superior, por las que el TSJA suspende cautelarmente la integración en la Administración como empleados públicos del personal procedente de empresas públicas, fundaciones o consorcios. La aplicación de los autos, uno de ellos firme, podría suponer el cese de más de cuarenta "allegados" del Partido Socialista, e incluso actuales altos cargos de dicha fuerza política, según ha denunciado el presidente de este sindicato en Almería, José Manuel Mateo Navarro.

Tras los dos últimos fallos del TSJA contra la agencialización, a instancia de la Asociación Al Andalus de Empleados Públicos de la Junta, la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública y otros Ciudadanos, SAFJA ha presentado cinco escritos ante el Servicio Andaluz de Empleo en Almería y ante las Delegaciones Provinciales de Cultura, Igualdad y Bienestar Social, Obras Públicas y Vivienda, y Agricultura y Pesca. En cada caso, el Sindicato de Funcionarios recuerdan los recientes fallos judiciales de los días 2 y 17 de noviembre para recalcar que el personal procedente de empresas públicas y agencias no puede ejercer potestades públicas, así como la suspensión cautelar ordenada.

Según ha explicado Mateo Navarro, la decisión judicial, y por ende su aplicación, afecta a más de cuarenta personas vinculadas al Partido Socialista. Entre ellas, figuran alcaldes de provincia, ex alcaldes y familiares directos, candidatos en las pasadas elecciones municipales, allegados de concejales e incluso altos cargos en la dirección del Partido.

El Sindicato ha solicitado el "cese inmediato" del personal externo; que dicho personal deje de percibir retribuciones con cargo a las partidas presupuestarias de la Comunidad Autónoma andaluza, en tanto en cuanto no se dicte sentencia sobre la suspensión cautelar; y la retirada de las claves informáticas de acceso a datos con los que sólo pueden trabajar los funcionarios que han obtenido su plaza mediante oposiciones.