La Policía Nacional ha registrado 19 clínicas y oficinas vinculadas a iDental en ocho comunidades autónomas en busca de historiales médicos y pruebas del presunto fraude que se investiga por el cierre de este negocio, en una operación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Fuentes de este tribunal han indicado que los registros afectan en concreto a 17 clínicas: 5 en Andalucía (Almería, Cádiz, Sevilla, Córdoba y Málaga), 5 en la Comunidad valenciana (Valencia, Alicante, Castellón, Elche y Alfafar), 3 en Cataluña (Barcelona, Girona y Tarragona), así como en Zaragoza, Gijón, Palma de Mallorca y Murcia.

Además, la Policía se ha personado a la sede en Madrid de Weston Hill Capital, la sociedad de inversión que adquirió el grupo iDental y que posee también la cadena de clínica Institutos Odontológicos (IO). Los registros han sido practicados en coordinación con la Comisaría General de Policía Judicial, y en concreto por agentes de la UDEF y la UDEV, así como con Mossos d'Esquadra en el caso de las clínicas situadas en Cataluña. Según las primeras investigaciones, tras el colapso de iDental en octubre esta sociedad se hizo con el 100% del grupo empresarial por 25 millones de euros con la finalidad de reflotar la sociedad, pero manteniendo el mismo modelo de negocio. Esta sociedad de inversión se dedica a la adquisición de empresas en situación desfavorable y a maximizar la inversión a corto plazo y, según los indicios de los que dispone De la Mata, se trataría de fondos "distressed" o "holdouts", conocidos como fondos "buitre".

También sospechan los investigadores que Weston Hill, como propietaria de IO, podría haberse beneficiado para ese negocio del material e instrumental obtenido en la compra de iDental.

El cierre de las clínicas iDental ha afectado a miles de pacientes en 24 ciudades españolas, tantas como sedes tenía la empresa, hasta el punto de que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decidió asumir la investigación por el presunto fraude. Lo hizo por el "volumen extraordinario de la causa", la existencia "de miles o decenas de miles de perjudicados" repartidos por toda España y la existencia de una compleja estructura societaria y de financiación. Según las investigaciones, el funcionamiento diario de las clínicas habría consistido en ofertar tratamientos odontológicos a personas de ingresos medios o bajos con el reclamo de concederles importantes descuentos amparados en supuestas subvenciones.