Sonia Ferrer desgrana el Estatuto andaluz a alumnos de la UAL

La delegada se refirió al proceso descentralizador administrativa iniciado en la época de la transición

Redacción

23 de enero 2014 - 01:00

La delegada del Gobierno, Sonia Ferrer, participó ayer en la Universidad de Almería, en una clase de la asignatura de Derecho Administrativo que su titular, el profesor Enrique Domingo, dedicó a la organización de las instituciones autonómicas. En su intervención, Ferrer analizó la implantación del Estado de las Autonomías, el papel del Estatuto de Andalucía y su reforma en 2007, y las últimas modificaciones de la estructura administrativa de la Junta realizadas con el objetivo de optimizar los recursos públicos y mejorar la eficiencia del servicio público que se presta a los ciudadanos. Los anteproyectos de las leyes de Transparencia y de Participación también estuvieron presentes en la ponencia y en las preguntas formuladas por los estudiantes de segundo y cuarto de los grados de Derecho y de Administración y Gestión Pública, respectivamente.

La delegada se refirió al proceso de descentralización administrativa iniciado en la Transición que permitió el desarrollo del estado autonómico y al Estatuto de Autonomía 'como la norma básica en la que se plasma el autogobierno de la Comunidad en el marco constitucional'. En el análisis de su articulado, Ferrer destacó que la igualdad de género entre hombres y mujeres y la protección contra la violencia machista encabezan la relación de derechos de los ciudadanos recogida en el Estatuto.

La delegada del Gobierno andaluz utilizó el ejemplo de la universidad para explicar las diferentes competencias que el Estatuto atribuye a la comunidad autónoma, - exclusivas, compartidas con el Estado, ejecutivas y de aplicación de la legislación europea- y su encaje con el respeto a la autonomía universitaria.

Sonia Ferrer defendió el proceso de reorganización y racionalización de la administración autonómica emprendido por el Gobierno andaluz en 2012 como una iniciativa para garantizar el mejor servicio a los ciudadanos y adaptar la administración a las necesidades de los andaluces, que ha supuesto un ahorro de más de dos millones de euros. A la redistribución de las compentencias que supuso la reducción del número de consejerías hasta las once que existen en la actualidad, le siguió una renovación de la organización territorial periférica de la Junta a través de un modelo estructurado sobre las delegaciones del Gobierno y las delegaciones territoriales.

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