Sonia Rodríguez, ajena al fraude de los cheques de Medio Ambiente

La jueza que investiga la presunta malversación de 300.000 euros de una cuenta de la Consejería de Medio Ambiente en Almería ha levantado la imputación a la exdelegada Sonia Rodríguez y a tres funcionarios, aunque ha resuelto que el proceso penal debe continuar contra el también exdelegado Clemente García y el funcionario Miguel Gallardo. El auto del Juzgado de Instrucción 1 de Almería se aviene al informe del fiscal, quien pidió el sobreseimiento de la causa para Rodríguez, el exsecretario general de la delegación Augusto Ignacio Ssgura, así como para María del Mar G.T. y Francisco J. T.C.

La magistrada Alejandra Dodero concluye que, de las diligencias practicadas, no se desprende la participación de los cuatro en las irregularidades detectadas en la cuenta de aprovechamientos forestales y denunciadas por la Junta el 1 de febrero de 2013, y decreta el archivo de la causa contra ellos. El Juzgado ha dictado, asimismo, una providencia de la misma fecha, 7 de abril, en la que ordena la práctica de nuevas diligencias encaminadas a determinar la responsabilidad penal de los dos imputados por presunta malversación de caudales públicos. Así, acuerda que se libre oficio a la Policía Nacional para que realice una "investigación patrimonial" referente al funcionario Miguel Gallardo y al exdelegado Clemente García, quien deberá comparecer en sede judicial para prestar una segunda declaración tras la que tuvo lugar en abril de 2013.

La providencia requiere también a la Junta para que informe de si existe "alguna previsión que faculte a un delegado provincial a autorizar gastos de publicidad, sobre el procedimiento, en su caso, para que se acuerde tal publicidad, con quien contratarla, documentación exigible, aprobación y acreditación del gasto, y cuenta a cargo de la cual haya de efectuarse este". Cabe recordar que en las disposiciones presuntamente irregulares por un montante global de 300.000 euros que se investigan en la citada cuenta bancaria "finalista para aprovechamientos forestales" figura una de 40.000 euros que, según declaró uno de los imputados, tuvo como destino "el pago de inserción de publicidad en un medio local". Entre las diligencias que ordena figura también la citación a declarar en calidad de testigo de la funcionaria de la Junta que realizó el informe interno que dio lugar a la denuncia en vía judicial y del representante de la entidad financiera donde está abierta esta cuenta bancaria para que aclare aspectos, como "responsable civil subsidiario", de una "segunda" remesa de cheques cobrados por una persona no autorizada en esa cuenta. Sobre lo que no se pronuncia aún la magistrada Alejandra Dodero es sobre la transformación de las diligencias previas en procedimiento con tribunal de jurado aunque "se tiene por informada" tras consultar a las partes para decidir en el "momento procesal oportuno" a la conclusión de la instrucción.

La denuncia de la Junta recogía que con Clemente García se produjeron movimientos por valor de 180.000 euros mientras que con su sucesora en el cargo, Sonia Rodríguez, los movimientos alcanzaron unos 100.000 euros. Con el actual delegado, José Manuel Ortiz Bono, quien figura en la causa como perjudicado, la cantidad ascendería a unos 40.000 euros. La mayor parte de los cheques eran inferiores a 3.000 euros para burlar el control de la Agencia Tributaria y muchas de las extracciones se produjeron el mismo día.