El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha afirmado este miércoles que "casi" se ha vuelto a la "casilla de salida" en el caso del hotel Algarrobico de Carboneras tras el fallo del Tribunal Supremo (TS), que rechaza el recurso de Greenpeace que aspiraba a la nulidad de la licencia del inmueble, y como consecuencia a su demolición."El Ayuntamiento dio una licencia y por tanto había un título jurídico. Es cierto que después, esos terrenos no son urbanizables. Pero lo que hay es que revisar esa licencia y lo que ha dicho el Supremo es que se ha tardado mucho tiempo" debido a las diferentes sentencias, instancias y "recursos sobre recursos", ha manifestado a los medios de comunicación en la Ciudad de la Justicia de Almería.Del Río ha apuntado que "seguramente no debía de haberse concedido" esta licencia, pero que al existir "amparaba" la construcción del hotel. "Ese es el tema de lo que ha dicho y ha clarificado el Supremo. Hay que leerla porque la sentencia del Supremo no se ha publicado. Pero en definitiva, lo que se adelanta es eso", ha abundado.Porque, recuerda el magistrado, esta construcción tenía un "título jurídico y válido", lo que hizo que el hotel no fuese "una construcción ilegal en su momento". De esta forma, ha argumentado, lo que toca ahora es "destruir ese título, esa licencia" para que a continuación lleguen "las concesiones o las demoliciones que haya que hacer".Precisamente, el TSJA ya sentenció que el Ayuntamiento de Carboneras debe revisar de oficio la sentencia, y ha apercibido en diferentes momentos al regidor carbonero, José Luis Amérigo (PSOE), con sanciones en caso de no cumplirlo.Del Río cree que la sentencia del Supremo pueda "clarificar todo este tema" y cuál debe ser la actuación del Consistorio.Al respecto, ha señalado que el fallo del TS tiene que llegar al TSJA, por lo que podrían acordarse "determinados requerimientos y multas" si indica que tiene que ejecutarse el fallo aludido."La Ley de Enjuiciamiento Civil (…) establece para la ejecución unos requerimientos y unas multas coercitivas, y eso será lo que ahora habrá que ver si se pone o no se impone, digamos (…) Existen esas posibilidades legales y quizá ahora con la sentencia del Supremo, que clarifica mucho más el tema, puede ser que en esa fase de ejecución se acuerden esas medidas añadidas", ha agregado.