El secretario general de la Unión Federal de Policía (UFP), Raimundo Morales, ha denunciado que en la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de El Ejido (Almería) “muchos” policías nacionales han denunciado las “coacciones” que reciben para realizar “más actas de propuesta de infracción contra ciudadanos para engordar las estadísticas”.

En una nota, la UFP asegura que esto provoca que se realicen “identificaciones arbitrarias”, así como que a estos agentes “los amenazan”, según las minutas presentadas por los mismos, con un “cambio de turno de trabajo”.

“La prevención de la seguridad ciudadana es una cosa, y otra convertir una ciudad en un estado policial. Se presiona para hacer identificaciones de forma indiscriminada, a pesar de la normativa específica que existe al respecto, que determina que solo se han de llevar a cabo en casos de sospechas fundadas de que se ha cometido un delito o que se intuya que va a perpetrarse”, dice.

Asegura que es un ejemplo más de que se trata de instaurar una “política del miedo”, ante lo que la UFP muestra su “oposición frontal y manifiesta”.

Algo que también ocurre con un supuesto “sistema sui generis” de medición del rendimiento individual, por el que presuntamente se transmite el mensaje de que “el que consideren que no llega a mínimos obtendrá consecuencias negativas, como el cambio de puesto de trabajo”.

“Resultado éste que ya se ha aplicado a varios funcionarios con destino el CATE (Centro de Acogida Temporal de Extranjeros), que consideran el destino de castigo”, asegura Morales.

El sindicalista policial reconoce que que la normativa ya prevé el establecer un sistema de evaluación del desempeño, pero apunta que éste ha de ser desarrollado reglamentariamente para que sea de aplicación a todo el Cuerpo Nacional de Policía, cosa que “a día de hoy no se ha producido”. “Implantar de forma arbitraria y provincial un sistema de medición del rendimiento supone un desagravio de los funcionarios de Almería con respecto a los del resto del Estado Español, aparte de las posibles responsabilidades administrativas o penales”, considera

Por ello, cree que en ambas Brigadas de Seguridad Ciudadana se intenta “instaurar” una “política del miedo”, que la UFP ya ha denunciado en diferentes instancias, como la Subdelegación del Gobierno en Almería o la Dirección General de Policía.

“En casi treinta años que llevo trabajando para el Cuerpo Nacional de Policía nunca percibí un ambiente tan negativo como en estos momentos existe en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Almería y en la Local de El Ejido”, afirma Morales.

Mantiene que en ambas “reina la desmotivación y el malestar” de los policías, así como que “el ambiente de crispación existente” al final repercute en el servicio que se le ofrece a los ciudadanos.

UFP Viene denunciando una serie de hechos que se están produciendo.

Asimismo, señala como responsable al comisario responsable de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de otros asuntos como la obligación de presentar una minuta “renunciando al puesto de trabajo que se ocupa” para poder participar en el concurso interior previo a la llegada de funcionarios del Concurso General de Méritos 2022.

Asevera también que, en los que exista daños a los mismos, el comisario provincial transmitió en la última reunión trimestral a las organizaciones sindicales que “siempre se abrirán procedimientos sancionadores, sin antes abrir un expediente de averiguación de causa, en aras de agilizar dichos procedimientos”.

“Otra decisión que supone un agravio de los funcionarios destinados en la provincia de Almería con respecto a los del resto del Estado, y una quiebra del sentido garantista de la Ley Orgánica 4/2010 que regula el régimen disciplinario en el ámbito de la Policía Nacional”, concluye.