¿Nació viva o muerta? Esa es la cuestión principal que tendrá que determinar el jurado popular que juzga a H.C., una marroquí que se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable por el presunto asesinato de su hija recién nacida, a la que habría asfixiado con sus propias manos al poco de llegar a este mundo el 7 de marzo de 2020.

La cuestión no es baladí y es la principal herramienta con la que cuenta la defensa de la acusada, que ejerce el abogado Alejandro Jiménez Haro. Aunque no la única, porque durante la primera sesión de la vista oral presidida por el magistrado Jesús Hernández Columna, H.C. ha insistido en que fue asistida por una vecina, dando a entender que fue ésta la que enterró el cuerpo de la niña.

De hecho, esta vecina tendrá que declarar como testigo, ya que fue clave para localizar la bolsa que había sido arrojada a una balsa de riego con la placenta y el cordón umbilical de la niña. El mismo que H.C. asegura haber visto enrollado alrededor del cuello del bebé segundos después de que abandonase su cuerpo entre dolorosas contracciones.

A preguntas de la fiscal Teresa Prieto, que sostiene que la mujer actuó en todo momento sola, ha explicado que esta vecina iba a visitarla habitualmente a su casa, que cuando se presentó el dolor de parto se presentó para llevarse a otra de sus hijas, así como que no pudo llamar a nadie para ir al hospital porque ésta le dijo que “le faltaba tiempo”.

Ha incidido en que la niña “no estaba llorando” y que tenía el cordón umbilical alrededor de la cabeza y del cuello, tras lo que ha aseverado que dicha vecina se la colocó en el pecho, momento en el que pudo “tocarla” aunque no la cogiese directamente, y que fue dicha persona la que le dijo que “no la tocase más porque estaba muerta”.

Ha añadido que le pidió un vaso de agua y que se desmayó, de forma que perdió la consciencia hasta el día siguiente, a la vez que ha insistido en que ella no asfixió a su bebé, y que no sabe quién pudo enterrarla, porque cuando se despertó ya estaban los vecinos en su casa y que poco después se presentó allí la Guardia Civil.

Durante el interrogatorio del letrado Manuel Blánquez, acusación particular en nombre del padre de la criatura, ha negado como ya había hecho anteriormente que pidiese una azada con la excusa de ir a plantar una parra y así poder usarla para deshacerse del cuerpo, como también ha rechazado que le dijese a nadie que la pequeña se encontraba en el hospital.

Ha reconocido que su exmarido no se enteró hasta dos meses antes del parto de que estaba embarazada con motivo de la celebración de un juicio entre ambos, aunque ha asegurado que todo el mundo sabía que se encontraba en gestación, y que no lo había ocultado.

A su abogado, Alejandro Jiménez Haro, le ha manifestado que la vecina que -según ella- la asistió en el parto, llamó a su exmarido en lugar de a una ambulancia, y que fue ella la que se llevó al bebé cuando se quedaba inconsciente.

A esto ha añadido que fue dicha mujer la que habló con la Guardia Civil, y no ella, y la que los condujo hasta el lugar del entierro y una balsa en la que se había tirado la placenta y el cordón umbilical.

La calificación de la fiscal señala que la mujer dio a luz a lo largo del 7 de marzo de 2020 en su domicilio, tras "ocho o nueve meses de gestación", y sostiene que la acusada usó sus manos para estrangularla hasta provocar la muerte de la pequeña por asfixia mecánica ese mismo día.

Tras esto, la habría enterrado bajo un gran bidón junto a la puerta de su vivienda, y añade que la placenta fue encontraba dentro de una bolsa arrojada a una balsa de riego próxima al domicilio de la acusada.

La fiscal acusa a la mujer por un delito de asesinato, con la agravante de parentesco por el que solicita la pena de prisión permanente revisable.