Acusan a un hombre de amenazar a jueces y guardias civiles a través de TikTok en el Levante Almeriense

La Sección Tercera de la Audiencia de Almería ha señalado para el próximo 15 de abril de 2026 el juicio oral contra un hombre acusado de una campaña de acoso, injurias y amenazas graves vertidas a través de la red social TikTok contra magistrados, fiscales y agentes de la Guardia Civil del Levante almeriense.

El procesado, A.N.L., fue detenido en marzo de 2025 por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Garrucha tras analizarse su actividad en redes, donde llegó a publicar 142 vídeos entre octubre de 2024 y marzo de 2025.

En al menos medio centenar de estas grabaciones, el encausado aparecía profiriendo insultos y amenazas directas contra las autoridades que habían intervenido en sus procedimientos judiciales anteriores, relacionados con delitos de violencia de género y quebrantamiento de condena.

El escrito de acusación provisional presentado por el letrado Miguel Martínez, que representa a una de las magistradas afectadas, califica los hechos como constitutivos de delitos continuados de amenazas, calumnias e injurias, así como atentado contra la autoridad, obstrucción a la justicia, quebrantamiento de condena y delito contra la integridad moral.

Esta parte solicita una condena total de 14 años de cárcel, desglosada en cuatro años por el atentado contra la autoridad, otros cuatro por obstrucción a la justicia, dos por calumnias, dos por el delito contra la integridad moral y un año por cada uno de los delitos restantes (amenazas y quebrantamiento). Asimismo, reclama una indemnización de 70.000 euros por los daños morales y secuelas causados a su representada.

Amenazas gráficas y "jaulas" para los jueces

Según consta en las diligencias, el acusado dirigió su hostigamiento contra jueces de los partidos judiciales de Vera y Huércal-Overa, una fiscal y diversos agentes de la Guardia Civil, a quienes citaba por su número de identificación profesional (TIP), acusándoles de "corruptos", "podridos" y "mafiosos".

En los vídeos, el procesado llegaba a manifestar que había "perdido el miedo a la cárcel" y que estaba dispuesto a "llevarse a alguien por delante", especificando que sería "a un juez".

Entre las amenazas más graves, afirmó su intención de "arrancar los ojos" a los funcionarios y expresó su deseo de encerrar a una de las juezas en una "jaula de uno por uno", llegando a verbalizar que le introduciría la pulsera de control telemático —que portaba por una condena previa por violencia de género— en sus partes íntimas.

La virulencia de los mensajes tuvo consecuencias directas en la salud de las víctimas. Según el informe clínico aportado a la causa, una de las magistradas de Huércal-Overa precisó atención psiquiátrica tras visualizar los vídeos donde se refería a ella como "jueza verduga" y "niñata".

El facultativo diagnosticó a la víctima un "trastorno relacionado con traumas y factores de estrés", presentando un cuadro de hipervigilancia, pesadillas recurrentes, respuestas de sobresalto y conductas de evitación. El informe médico destaca que la víctima vivió una situación de "temor racional" y que su evolución ha estado condicionada a la permanencia en prisión provisional del agresor.

Por su parte, el informe médico-forense realizado al acusado descarta cualquier patología mental que atenúe su responsabilidad. La forense del Instituto de Medicina Legal de Almería concluye que el procesado conserva intactas sus facultades intelectivas y volitivas, discerniendo perfectamente la ilicitud de sus actos.

Durante su exploración, el acusado negó padecer enfermedad mental y justificó su conducta alegando ser víctima de una persecución sistémica, afirmando ser "culpable de ser hombre y vivir en tiempo de brujas".