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Tribunales
Almería/La Audiencia Provincial de Almería ha impuesto penas que suman 21 años y un mes de prisión a un hombre que reconoció que allanó dos viviendas, intentó matar con un cuchillo a uno de los residentes, disparó a otra persona y retuvo durante horas a su hijo.
Allí agredió a su morador, al que dio puñetazos en la cabeza y en distintas partes del cuerpo y le causó lesiones que tardaron 25 días en curar, además de estrés postraumático.
También cogió un cuchillo de la cocina y se lo clavó hasta en siete ocasiones al hijo del hombre agredido con la "intención de matarlo", lo que derivó en heridas incisas que afectaron a una zona de "riesgo vital" de la víctima.
Después entró en una vivienda aledaña y disparó a una de sus residentes en una pierna, "causándole una herida por bala con orificio de entrada y no salida en el miembro inferior izquierdo", que precisó de 75 días para sanar.
El marido de la mujer forcejeó con el acusado, quien le propinó un "navajazo" en el costado izquierdo y, luego, retuvo al hijo menor de ambos, al que amenazó con el arma de fuego, hasta que pudo ser liberado horas después cuando el procesado huyó al ver llegar a la Guardia Civil.
El acusado, "además agredió intencionadamente al menor" con el cuchillo en el costado izquierdo, en la pierna derecha, en la frente, el pabellón auricular y retroauricular izquierdo, lo que derivó en heridas que tardaron 129 días en curar.
Asimismo, para amedrentar a los guardias civiles que habían acudido al lugar, y antes de intentar escapar, gritó que los iba a matar a todos y les instaba a no engañarlo porque, en caso contrario, mataría al menor.
Sobre el arma de fuego que usó el procesado, el fallo subraya que se trata de un revólver sustraído previamente en Pinos Puente (Granada), y cuyo origen ilícito conocía perfectamente el acusado.
El acusado admitió en la vista oral todos los delitos y, aunque el fiscal había solicitado inicialmente que se considerase la atenuante de reconocimiento de los hechos, los magistrados no aplicaron ninguna rebaja por este motivo, según pidieron los abogados de la acusación particular, Mónica Moya y Francisco Fernández Lupiáñez.
El hombre ha sido condenado a 16 meses de prisión por dos delitos de allanamiento de morada; al pago de una multa de 300 euros por un delito leve de lesiones que conlleva una orden de alejamiento y una indemnización de 1.750 euros, y a siete años y seis meses, orden de alejamiento e indemnización de 1.400 euros por un delito de homicidio en grado de tentativa.
También se le imponen seis años y nueve meses de cárcel, órdenes de alejamiento e indemnizaciones por valor de 2.625, 5.250 y 8.950 euros por tres delitos de lesiones agravadas a los residentes de la segunda vivienda; tres años de cárcel por un delito de detención ilegal; ocho meses de prisión por un delito de amenazas no condicionales; un año y tres meses por un delito de tenencia ilícita de armas, y siete meses por un delito de receptación.
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