Nueve años para los exjefes de la Policía Autonómica en Almería

La Audiencia de Almería ha condenado a penas que suman nueve años de prisión al exjefe provincial de la Unidad de Policía Autonómica en Almería, Francisco Javier Rodríguez Barea y al exjefe de Negociado de la misma unidad, José Ignacio Romero, por un delito continuado de falsedad en documento oficial. Asimismo, han sido condenados a sendas multas de quince meses, con cuota diaria de doce euros e inhabilitación especial durante cuatro años para el desempeño de la función policial, "sea o no electivo el cargo, y de los honores que le fuesen anejos a dicha función". En la sentencia de la Sección Tercera se absuelve a los dos exjefes del delito continuado de malversación de caudales públicos del que también estaban acusados, "de acuerdo con el veredicto de no culpabilidad emitido por el tribunal del jurado". El jurado declaró probado que entre el 2007 y el 2009 Francisco Javier Rodríguez Barea siendo Jefe Provincial de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a Andalucía en Almería, concertó con el funcionario encargado de la gestión económica de la Unidad la confección de "memorias justificativas" de diversas facturas.

Los conceptos de estas memorias "no se correspondían con la realidad" y se emitieron y abonaron cuatro facturas de la empresa Publifiestas Conde S.L. por importe de 9.580,28 euros por concepto de obras y reformas "cuando por dicha empresa no se habían realizado". Según la sentencia, entre el 2007 y el 2009, cuando José Ignacio Romero era Jefe del Negociado Económico de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a Andalucía en Almería, y cuya función se limitaba a mecanizar facturas y gestionar su tramitación, "sin autorizar pagos", confeccionó las cuatro memorias justificativas de las cuatro facturas mencionadas, relativas a la misma empresa. Su concepto se refería a obras y reformas "cuando por la empresa no se habían realizado esas obras ni esas reformas", algo que era conocido por el propio Romero. El jurado considera probados los hechos, por los que los magistrados han dictado penas de cuatro años y medio para cada uno de los condenados.